El paisaje matinal de la televisión chilena se transformó recientemente en el escenario de un despliegue operativo de gran escala. En una transmisión casi simultánea, los espectadores fueron testigos del traslado de 687 reos hacia la cárcel La Laguna de Talca, situada a unos 250 kilómetros de Santiago. La escena, marcada por la presencia de más de 50 vehículos, helicópteros y un numeroso contingente de uniformados, no fue una reconstrucción, sino la ejecución en directo de la denominada Operación Cancerbero.
Este operativo constituye la cara más visible de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete integral de más de 30 iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast para endurecer la política de seguridad en el país. En el marco de esta primera fase, la Operación Cancerbero trasladó a 191 internos, destacando la presencia de 37 vinculados al crimen organizado, entre los que se cuentan nueve líderes y 28 integrantes de diversas estructuras criminales, con el objetivo de evitar que estos sigan ejerciendo mando desde el interior de los recintos penitenciarios.
La estrategia gubernamental ha tenido un fuerte componente comunicacional. El operativo fue transmitido durante más de 200 minutos a través de YouTube y se difundieron videos musicalizados, utilizando temas como “Bye Bye Bye” de NSYNC. Esta puesta en escena ha sido comparada con el estilo de gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Ante las críticas por la excesiva exposición mediática, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió la difusión asegurando que "aquí cambió la mano".
Desde una perspectiva política, el despliegue parece responder a una necesidad de recuperar terreno en la opinión pública. Según datos de la encuesta Cadem, la aprobación del presidente Kast cayó del 57% a mediados de marzo al 37% a comienzos de agosto. Simultáneamente, la medición de Criteria lo situó en un 35% el día 13 de agosto. Tras la ejecución de la Operación Cancerbero, la aprobación en Cadem subió al 41% el 16 de agosto, sugiriendo que el control territorial es un eje clave para la gestión del mandatario. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, sostiene que la seguridad, bandera central de la campaña de Kast, está siendo utilizada ahora para ordenar la agenda gubernamental.
Sin embargo, el componente más polémico de la ACOT no es el traslado de reos, sino la reforma constitucional que lo acompaña. El paquete incluye ocho modificaciones que otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo. Una de las medidas más controvertidas permite al presidente declarar un estado de excepción por 120 días, renovable por otros 120 sin necesidad de autorización del Congreso. Bajo este régimen, el mandatario podría detener, trasladar o relegar a personas sospechosas, interceptar comunicaciones privadas e impedir la entrada o salida del país.
Otra enmienda propone que el legislador pueda privar de derechos sociales —como salud, educación, trabajo y previsión— durante 15 años a quienes hayan sido condenados por terrorismo o crimen organizado, incluso después de haber cumplido su condena. Javier Couso, experto en constitucionalismo de la Universidad Diego Portales, advirtió que las facultades invasivas de este nuevo estado de excepción son "mucho peores" que las autorizadas en un estado de sitio. Por su parte, Hugo Contreras, de la Universidad del Desarrollo, señala que se está transitando desde el fortalecimiento de capacidades ordinarias hacia la ampliación de facultades extraordinarias del ejecutivo.
La ciudadanía muestra una respuesta ambivalente. Mientras que la Operación Cancerbero alcanzó un 93% de aprobación y la requisa de bienes de bandas criminales un 88%, las medidas que afectan libertades individuales tienen un respaldo mucho menor: la interceptación de comunicaciones obtuvo un 46%, la restricción de tránsito un 40% y la limitación del derecho de reunión solo un 27%. De hecho, el apoyo al estado de excepción decretado únicamente por el presidente cae al 37%, mientras que sube al 52% si cuenta con la aprobación del Congreso.
Este escenario ha provocado una reunificación de la izquierda, con seis partidos coordinando una respuesta común. El expresidente Gabriel Boric describió la propuesta como una "limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena". No obstante, la fractura también ha llegado al oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, han expresado que no pueden apoyar reformas que dañen la institucionalidad. Asimismo, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, cuestionó la duración y facultades del estado de excepción, y desde Evópoli, Luciano Cruz-Coke y Gonzalo Blumel advirtieron sobre los riesgos de interceptar comunicaciones sin control jurisdiccional.
A pesar de las objeciones, el presidente Kast ha defendido la iniciativa, argumentando que algunas críticas se basan en borradores y no en el texto definitivo, negando que se trate de una "megarreforma". No obstante, la realidad aritmética del Congreso impone un desafío: para aprobar la reforma constitucional, el gobierno necesita 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado. Con solo 67 diputados y 23 senadores propios, el oficialismo se ve obligado a negociar con los mismos sectores que hoy condicionan su apoyo.
