La Fiscalía General de la Nación ha revelado los resultados de una exhaustiva investigación que señala al coronel del Ejército, Carlos Didier Pérez Amorocho, como presunto colaborador de grupos armados ilegales. De acuerdo con los hallazgos de la entidad, el oficial habría utilizado su posición de mando y el acceso a información privilegiada para beneficiar durante varios años tanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como a diversas estructuras pertenecientes a las disidencias de las Farc.
El esquema de presunta corrupción y traición a las instituciones militares habría tenido su génesis en el año 2020. Para aquel entonces, el coronel Pérez Amorocho se desempeñaba como el comandante de un batallón que tenía jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, ubicado en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Según la investigación, en este contexto geográfico el oficial habría aceptado la suma de 15 millones de pesos. Este pago habría sido entregado a cambio de que el coronel interviniera para reducir la presión y la intensidad de la ofensiva militar que se llevaba a cabo contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
La situación se habría agravado con el paso del tiempo y el ascenso en las responsabilidades del oficial. En julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad de élite del Ejército. Esta unidad tenía una presencia estratégica y operativa en puntos críticos del departamento de Nariño, específicamente en los municipios de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco. Además, su área de influencia y mando se extendía hacia algunas zonas específicas de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
En el ejercicio de este nuevo mando, la Fiscalía sostiene que el coronel volvió a entablar vínculos de confianza con organizaciones criminales. En esta etapa, el beneficiario de su colaboración habría sido el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. Las investigaciones indican que el oficial pactó un esquema de pagos recurrentes, recibiendo la suma de 30 millones de pesos semanales. A cambio de este dinero, Pérez Amorocho habría alertado a los integrantes del grupo ilegal sobre los movimientos, despliegues y planes de la fuerza pública. Esta filtración de información reservada tenía como objetivo principal facilitar el transporte seguro de estupefacientes, armamento, municiones y dinero en las zonas bajo su control.
Uno de los episodios más graves detallados en la investigación ocurrió en abril de 2026, durante una ofensiva militar realizada en el departamento de Nariño. Se le investiga al coronel por haber impedido deliberadamente el avance de las tropas hacia un punto de intervención específico. Esta acción habría sido coordinada para otorgar el tiempo necesario a los cabecillas de una estructura armada, permitiéndoles escapar en lanchas rápidas antes de que las fuerzas militares pudieran concretar su captura.
Como consecuencia de esta obstrucción, cuando las tropas finalmente llegaron al lugar designado, no encontraron las caletas de estupefacientes y armamento sobre las cuales ya se tenía información previa. Esto se debió a que los integrantes del grupo ilegal, advertidos por el coronel, tuvieron tiempo suficiente para recoger y retirar los elementos ilícitos. No obstante, se hallaron algunos narcóticos que, presuntamente por orden directa del propio oficial, fueron arrojados al río. Esta maniobra habría tenido la finalidad de evitar que las sustancias fueran incautadas formalmente, permitiendo que la organización criminal pudiera recuperarlas posteriormente del cauce del río.
Debido a la gravedad de estos hechos, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho ha sido formalmente imputado por varios delitos. Entre los cargos presentados por la Fiscalía se encuentran los de concierto para delinquir agravado y cohecho propio. Asimismo, se le imputa el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cerrando así un ciclo de presuntas traiciones al servicio institucional.
