Un vuelo chárter aterrizó el pasado jueves en Cap-Haïtien con 161 personas, marcando el inicio de las deportaciones tras la revocación del Estatus de Protección Temporal, el TPS, que protegía a unos 350 mil haitianos en Estados Unidos.
Mientras el secretario del DHS, Markwayne Mullin, publicó en la red social X que era "un gran día para deportar inmigrantes ilegales", la realidad en la costa norte de Haití es crítica. Cap-Haïtien se encuentra desbordada. Según la exalcaldesa Angie Bell, la población de la ciudad se ha disparado de 350 mil habitantes en 2003 a al menos 800 mil actualmente.
La ciudad no solo recibe deportados, sino también a miles de desplazados internos que huyen de desastres y violencia en el interior del país. Esta presión es evidente en la infraestructura: el tráfico está congestionado y los centros médicos están al límite. El administrador del Hospital Fort Saint Michel afirmó que sería mentira decir que pueden admitir a alguien más.
Existe una contradicción gubernamental: la administración Trump sostiene que Haití es seguro para el retorno, pero el Departamento de Estado mantiene una advertencia de "no viajar" y la FAA prohíbe los vuelos comerciales estadounidenses al país. Aunque Cap-Haïtien es considerada más segura que Puerto Príncipe frente a las pandillas, la masiva afluencia de personas amenaza con desestabilizar la zona.
La vulnerabilidad es extrema. Entre los deportados hay personas que besan el suelo al llegar, pero también casos como el de un pasajero nacido en República Dominicana que nunca había estado en Haití y desconoce su próximo destino.
El Gobierno haitiano y la Oficina Internacional para las Migraciones trabajan para aliviar la carga ofreciendo comida y alojamiento temporal, pero la ciudad ya no puede recibir más gente.
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