Una jueza federal de Manhattan ha anulado la prohibición de visados impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países, determinando que la medida era contraria a la ley y excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
La política, implementada en enero, suspendió la emisión de visas de inmigrante para casi el 40 % de los países del mundo, incluyendo a Colombia, Brasil, Haití, Rusia y Egipto. El Departamento de Estado justificó la medida bajo el argumento de evitar la entrada de personas que pudieran recibir asistencia social y beneficios públicos en Estados Unidos.
Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas cuestionó esta justificación. Según la ley, un solicitante solo puede ser rechazado por ser una posible “carga pública” tras una evaluación individual de sus finanzas, salud, edad y habilidades. El tribunal encontró que, en la práctica, los funcionarios tenían órdenes de rechazar las solicitudes basándose únicamente en el país de origen, incluso cuando el solicitante presentara pruebas de que podía mantenerse por sí mismo.
Vargas señaló que esta acción contraviene una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas. Es importante precisar que la prohibición afectaba visados de residencia permanente, reunificación familiar y trabajo, pero no se aplicó a visas de turista o estudiante.
Entre los demandantes se encontraban ciudadanos estadounidenses con familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, así como colombianos que solicitaban visas de trabajo.
Aunque la administración basó su defensa en una decisión de la Corte Suprema de 2018, la jueza aclaró que aquel caso trataba sobre el poder de decidir quién entra al país, mientras que este se centra en si se puede emitir la visa en primer lugar. Las partes tienen hasta el 11 de septiembre para proponer una resolución, y la administración aún puede apelar el fallo.
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