Una jueza federal de Manhattan ha anulado la prohibición de visados impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países, determinando que la medida es contraria a la ley y excede la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
La política, implementada en enero, suspendía la emisión de visas de residencia permanente y de trabajo para ciudadanos de casi el 40 % de los países del mundo, incluyendo a Brasil, Colombia, Rusia, Haití y Egipto. El Departamento de Estado justificó la medida alegando que evitaría la entrada de personas que pudieran convertirse en una carga pública y recibir beneficios sociales.
Sin embargo, la jueza Jeannette Vargas señaló que, según la ley, un inmigrante solo puede ser rechazado por este motivo tras una evaluación individual de sus finanzas, salud y habilidades. En el expediente del caso, se reveló que un cable enviado por Marco Rubio ordenaba a los funcionarios consulares rechazar las solicitudes basándose únicamente en el país de origen, incluso si el solicitante presentaba pruebas de que podía mantenerse por sí mismo. Ante esto, la jueza afirmó que, bajo esta política, el resultado de la solicitud ya estaba predeterminado.
El fallo se fundamenta en una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visados. Aunque la administración intentó defenderse basándose en una decisión de la Corte Suprema de 2018 sobre prohibiciones de viaje, la jueza aclaró que aquel caso trataba sobre el poder de decidir quién entra al país, mientras que este se centra en si se puede emitir una visa.
Entre los demandantes se encuentran ciudadanos estadounidenses con familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, así como colombianos que solicitaban visas de trabajo. Ambas partes tienen hasta el 11 de septiembre para proponer una resolución, aunque la administración aún puede apelar el fallo.
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