El panorama político en el estado de Sinaloa se vuelve complejo. El gobernador Rubén Rocha Moya ha retomado oficialmente sus funciones, pero su regreso ocurre en un clima de evidente distanciamiento institucional.
De manera reciente, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha tomado distancia ante el retorno de Rocha Moya al mando del gobierno de Sinaloa. Esta postura de deslinde ha sido respaldada por el partido Morena, el cual también se ha desmarcado de la decisión que permite la reincorporación del gobernador a su cargo.
Este regreso se produce después de que Rocha Moya permaneciera ausente de sus labores durante casi cuatro meses. Dicho periodo de inactividad ocurrió en un contexto crítico, marcado por el desarrollo de diversas investigaciones y la presión internacional.
La controversia se centra en las acusaciones presentadas por el gobierno de Estados Unidos, donde se señalan presuntos vínculos del gobernador con el narcotráfico. Al respecto, es fundamental mencionar que Rocha Moya ha negado categóricamente estas acusaciones, rechazando cualquier implicación en actividades ilícitas.
El hecho de que tanto la Presidencia de la República como la estructura de Morena hayan decidido tomar distancia subraya la gravedad de los señalamientos y la complejidad del escenario legal que enfrenta el mandatario sinaloense en este momento. Su retorno al cargo se da, por lo tanto, bajo una sombra de incertidumbre y sin el respaldo explícito de sus aliados más cercanos.
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