La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo que culminó con la detención de siete personas acusadas de integrar clanes familiares dedicados a la tala y sustracción ilegal de bosque nativo. Los hechos se desarrollaron en sectores de difícil acceso de la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, donde los imputados no solo extraían madera, sino que también incurrieron en la usurpación de terrenos fiscales y propiedades privadas.
Este despliegue policial fue el resultado de una exhaustiva indagatoria denominada “Alerta Forestal”, la cual estuvo a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt. Según informaron las autoridades, el proceso de investigación se extendió por cerca de dos años, periodo en el cual se logró recopilar las evidencias necesarias para proceder con las capturas.
El modus operandi de los grupos familiares consistía en ingresar a zonas boscosas para cortar árboles nativos, trasladar la madera mediante diversos vehículos y, posteriormente, comercializar el material con personas particulares. La gravedad del daño ambiental fue corroborada a través de un trabajo conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo que permitió verificar la afectación de especies protegidas y valiosas para el ecosistema, entre las que destacan los ulmos, coihues, canelos y lumas.
El foco de la actividad criminal se concentró en terrenos ubicados en los sectores de Río Pescado y Las Marcas, zonas que se encuentran prácticamente en el límite entre Puerto Varas y Puerto Montt. Una parte significativa de los delitos se cometió en predios fiscales que son administrados por el Regimiento Sangra del Ejército, además de afectar predios particulares de la zona.
Durante la ejecución del operativo, la PDI logró incautar una cantidad considerable de maquinaria y herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de los delitos. El listado de los decomisos incluye cuatro camionetas, un camión, tres tractores, un coloso y diez motosierras. Asimismo, se procedió al decomiso de una gran cantidad de madera y leña: más de 77 metros cúbicos de leña nativa, 50 metros cúbicos de leña adicional, seis metros cúbicos de trozos de coihue, 95 varas y cuatro basas, además de madera ya aserrada. También fueron incautados $2.745.000 en efectivo. El avalúo total de todas las especies y bienes incautados supera los 78 millones de pesos.
Los siete detenidos enfrentan cargos por diversos delitos, entre ellos la sustracción de madera, el comercio clandestino y la usurpación de terrenos. Además, se les investiga por infracciones contempladas en la Ley 20.283, la cual regula la recuperación del bosque nativo y el fomento forestal.
Esta investigación tuvo su origen en una querella presentada por CONAF, entidad que ya había advertido que las faenas de tala ilegal se desarrollaban en la zona desde el año 2014. El impacto ambiental y económico es masivo; según el director regional de CONAF, Fernando Gebhardt, la intervención ilegal habría afectado aproximadamente 165 hectáreas, alcanzando una corta de unos 89 mil metros cúbicos de madera. Debido a que se trata de predios fiscales, el hecho se tipifica como robo de madera, y el perjuicio económico estimado para el Estado chileno superaría los 1.300 millones de pesos.
Dentro de los antecedentes recopilados, la querella menciona que durante el año 2023, cuatro personas fueron sorprendidas en flagrancia portando motosierras y hachas dentro de un predio administrado por el Regimiento Sangra. En aquella ocasión, fueron retenidas por funcionarios del Ejército antes de ser entregadas a Carabineros.
Finalmente, se informó que familiares y personas cercanas a los imputados han manifestado su rechazo a las acusaciones, sosteniendo que la extracción de leña en el sector ha sido practicada históricamente como un medio de subsistencia. No obstante, la Fiscalía de Puerto Varas ha solicitado que la audiencia judicial se desarrolle bajo reserva, petición que fue acogida para resguardar el proceso.
