La Alcaldía de Santiago de Cali ha tomado una determinación administrativa decisiva para enfrentar las consecuencias del sismo de magnitud 7,4 que afectó la región el pasado 10 de agosto. A través de la declaratoria de urgencia manifiesta, la administración distrital busca optimizar y acelerar los procesos de atención a las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico, priorizando la recuperación de la infraestructura y la prestación de servicios esenciales.
Esta medida ha quedado formalmente establecida mediante el Decreto 4112.010.20.0964 de 2026. El marco legal de este decreto faculta a los diversos organismos de la Administración Distrital para proceder con la contratación directa de bienes, servicios y la ejecución de obras que resulten indispensables para mitigar los daños. La implementación de esta figura jurídica es fundamental en este contexto, ya que permite omitir los tiempos prolongados que exigen los procedimientos ordinarios de contratación pública, los cuales podrían retrasar la respuesta institucional ante una emergencia donde cada hora es crítica.
El objetivo central de esta declaratoria es reducir drásticamente los tiempos de respuesta frente a las secuelas del sismo. Al simplificar los trámites administrativos, la Alcaldía pretende concentrar toda la capacidad institucional y los recursos disponibles en atender las necesidades más apremiantes derivadas de la emergencia, evitando que la burocracia habitual se convierta en un obstáculo para la rehabilitación de las zonas afectadas.
Sobre este punto, Amanda Catalina Rojas Díaz, quien se desempeña como directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública, subrayó que la decisión responde a un momento coyuntural que exige acciones rápidas, precisas y coordinadas entre todas las dependencias del Distrito. Según detalló la funcionaria, las dependencias administrativas deberán realizar un análisis riguroso para priorizar aquellos requerimientos que, debido a su naturaleza urgente y la gravedad de la situación, no puedan ser resueltos a través de los mecanismos habituales de licitación o contratación.
No obstante, la administración ha sido enfática en aclarar que la declaratoria de urgencia manifiesta y la posibilidad de recurrir a la contratación directa no implican la eliminación de los controles sobre el manejo de los recursos públicos. Por el contrario, se han establecido salvaguardas estrictas para evitar irregularidades en la gestión financiera del Distrito. En este sentido, cada contrato suscrito bajo esta modalidad deberá contar con una justificación técnica y jurídica detallada, demostrando que responde a una necesidad concreta y directamente relacionada con la emergencia ocasionada por el sismo. Asimismo, se exigirá que exista una proporcionalidad clara entre el monto contratado y la magnitud del requerimiento.
Como parte de este esquema de control, los organismos distritales tienen la obligación de sustentar plenamente el uso de la urgencia manifiesta en cada uno de los procesos que adelanten. Para garantizar la transparencia total, todos los contratos celebrados mediante este mecanismo deberán ser remitidos de manera inmediata a la Contraloría General de Santiago de Cali para su respectiva revisión y seguimiento.
Adicionalmente, las entidades responsables de la ejecución de los recursos deberán presentar informes mensuales detallados. Estos reportes serán entregados tanto al alcalde como a las oficinas de control interno y transparencia del Distrito. Dichos informes constituirán el eje del seguimiento establecido para todas las actuaciones desarrolladas durante la fase de atención de la emergencia.
El alcalde Alejandro Eder ha sido tajante al solicitar una vigilancia especial sobre los recursos y las acciones destinadas a superar esta crisis. La instrucción del mandatario está orientada a garantizar que la contratación adelantada por los organismos distritales se rija por los principios de transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia. De esta manera, la agilidad en la contratación no sacrificará la legalidad ni la honestidad en el uso del erario.
Para orientar este proceso, el Departamento Administrativo de Contratación Pública ha elaborado una guía técnica detallada. Este documento sirve como hoja de ruta para las dependencias distritales, contemplando aspectos fundamentales como el control fiscal posterior de los contratos celebrados. Con estos lineamientos, la Administración busca que los funcionarios adelanten los procesos de atención a las afectaciones cumpliendo estrictamente con todas las disposiciones de control y vigilancia señaladas por la Alcaldía.
