El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha confirmado oficialmente la decisión de poner término al programa denominado "Arriendo a Precio Justo". Esta iniciativa, que había sido impulsada originalmente bajo la administración del gobierno de Gabriel Boric, dejará de ejecutarse debido a que, según el criterio de la actual gestión, el programa no se alinea con el enfoque estratégico del plan desarrollado por el Ejecutivo.
Durante sus declaraciones, el secretario de Estado fue tajante al explicar las razones detrás de esta determinación. Poduje señaló que el programa "no avanza más, porque no era justo", añadiendo una crítica directa a la denominación de la iniciativa al afirmar que, de hecho, el nombre del programa "estaba muy mal puesto". Con estas palabras, el ministro subrayó una discrepancia fundamental entre la promesa implícita en el nombre del proyecto y los resultados o la operatividad del mismo.
El cambio de rumbo implica una transformación profunda en el destino de las viviendas que estaban destinadas a este programa. En lugar de mantener un modelo de arrendamiento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha determinado que estas propiedades, que pertenecen al Estado, serán entregadas en calidad de propiedad a familias que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad. El ministro detalló que este beneficio de propiedad estará dirigido específicamente a grupos prioritarios, tales como personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, personas que viven con alguna situación de discapacidad y adultos mayores.
Esta información fue difundida inicialmente por el medio 24 horas, donde se precisó que la transición de arrendatarios a propietarios es el núcleo del nuevo enfoque gubernamental. Al respecto, Iván Poduje fue claro al declarar que todas aquellas viviendas que eran propiedad del Estado y que habían sido destinadas originalmente para ser arrendadas, ahora serán transferidas a las familias seleccionadas bajo la modalidad de propiedad.
La lógica detrás de esta decisión radica en la visión política y social del gobierno actual. Según afirmó el titular de la cartera de Vivienda, la administración busca que las personas alcancen la condición de propietarias en lugar de permanecer como arrendatarias. Para el Ejecutivo, fomentar la propiedad de la vivienda representa un objetivo superior y más coherente con sus metas de desarrollo social que el mantenimiento de un sistema de alquileres gestionado por el Estado.
Para comprender el impacto de esta medida, es necesario analizar en qué consistía el programa "Arriendo a Precio Justo". Esta iniciativa fue presentada en el año 2022 y tenía como objetivo principal brindar apoyo a familias vulnerables que ya contaran con un subsidio de arriendo vigente. El mecanismo permitía que estas familias pudieran ocupar viviendas fiscales o inmuebles que fueran propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU). La condición principal era que el monto mensual que las familias debían pagar por el uso de estas viviendas no superara el 25% de sus ingresos totales, buscando así evitar que el costo de la vivienda absorbiera una parte desproporcionada del presupuesto familiar.
Sin embargo, con el anuncio del ministro Poduje, este modelo de pago basado en el porcentaje de ingresos y la tenencia temporal mediante alquiler queda descartado. El secretario de Estado aseguró que el destino de estas viviendas será la redestinación hacia personas que cumplan con los criterios ya señalados —víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad y adultos mayores— para asegurar que estas poblaciones vulnerables puedan acceder a la propiedad definitiva de su hogar.
En resumen, la administración ha decidido desmantelar el esquema de arriendo fiscal para implementar un sistema de adjudicación de propiedad, argumentando que el modelo anterior no era justo y que no respondía a los objetivos del plan gubernamental. Con esta acción, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reorientan sus activos inmobiliarios fiscales hacia un modelo de propiedad permanente para los sectores más necesitados.
