La Ley de Empleo a Tiempo Parcial fue introducida en el marco legal de Honduras con la promesa de convertirse en una herramienta fundamental para dinamizar el mercado laboral. El objetivo principal de esta normativa era abrir un abanico de nuevas oportunidades de trabajo, dirigidas especialmente a sectores de la población que presentan dificultades para insertarse en una jornada laboral completa, tales como los jóvenes en busca de su primera experiencia, estudiantes universitarios, madres de familia y personas con responsabilidades personales que les impiden cumplir con un horario extendido.
Sin embargo, a pocos meses de que la normativa entrara en vigor, los resultados no han sido los esperados por el sector productivo. Diversos empresarios han manifestado que la utilización de esta modalidad de contratación se encuentra muy por debajo de las proyecciones iniciales, lo que ha encendido las alarmas sobre la eficacia real de la ley en la práctica.
Ante este escenario, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), a través de su directora ejecutiva, Paola Díaz, ha hecho un llamado formal para reformar la normativa. La CCIT sostiene que las condiciones actuales establecidas en la ley dificultan que tanto las empresas como los trabajadores se decidan a recurrir a este tipo de contratación, limitando así el impacto social y económico que se pretendía lograr originalmente.
Es importante aclarar que el conflicto no reside en la existencia misma de la legislación, ya que el Decreto 45-2026, publicado en marzo, reconoce plenamente la modalidad de empleo por horas. El punto central de la controversia y la base de las críticas empresariales radica en la forma en que la ley fue diseñada, específicamente en lo referente a la definición de la jornada.
Actualmente, la legislación define el trabajo a tiempo parcial como aquel que comprende una jornada de entre 18 y 32 horas semanales. Para la CCIT, la imposición de un piso mínimo de 18 horas elimina gran parte de la flexibilidad que debería ser la característica principal de este modelo de contratación. Según plantea Paola Díaz, la normativa debería permitir que una empresa pueda contratar a un trabajador por un tiempo inferior a las 18 horas semanales, siempre y cuando la naturaleza de la actividad económica lo justifique y lo permita.
Para ilustrar esta necesidad, el sector empresarial ha puesto como ejemplo el caso de los estudiantes o las madres, quienes podrían disponer únicamente de algunas horas específicas durante determinados días de la semana. Bajo el esquema actual, si una persona solo puede trabajar 10 o 12 horas debido a sus estudios o cuidados familiares, no encajaría en la definición legal de tiempo parcial, quedando fuera del alcance de esta herramienta laboral.
Asimismo, la CCIT argumenta que una mayor flexibilidad en las horas permitiría cubrir necesidades operativas muy específicas en sectores clave de la economía. Industrias como la restauración, el comercio y el turismo presentan fluctuaciones constantes en su demanda, la cual suele aumentar significativamente durante los fines de semana, en temporadas altas o en horarios pico muy concretos. Una ley más flexible permitiría a estos negocios contratar personal solo para esos periodos de alta presión sin obligarlos a cumplir con el mínimo de 18 horas.
Otro de los objetivos destacados por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa es facilitar que los ciudadanos puedan combinar distintas fuentes de ingresos. Un ejemplo planteado es el de una persona que podría desempeñarse durante la semana en un call center y dedicar los fines de semana a trabajar en un restaurante, optimizando así su capacidad económica y profesional.
Si bien es cierto que el Artículo 9 de la legislación vigente ya contempla la posibilidad de tener más de un empleo, estableciendo que el trabajador a tiempo parcial no está sujeto a exclusividad y puede celebrar otros contratos siempre que los horarios sean compatibles, los empresarios aclaran que el problema no es la permission legal de pluriempleo, sino la viabilidad práctica. El cambio que reclaman no es la autorización para tener dos trabajos, sino la facilitación de jornadas más cortas que hagan viable y sostenible la combinación de ambos.
Finalmente, la duración de la jornada no es el único punto de fricción. Representantes del sector empresarial han señalado que existen otros factores que hacen que esta modalidad sea poco atractiva. Entre ellos destacan los complejos trámites administrativos, las cargas económicas y burocráticas asociadas a la contratación y un régimen de sanciones que consideran desproporcionado o restrictivo. Estos elementos, sumados a la rigidez de las horas mínimas, han provocado que la Ley de Empleo a Tiempo Parcial no alcance el despliegue esperado en el mercado laboral hondureño.
