La Fiscalía General de la Nación ha determinado que el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien actualmente se desempeña como comandante de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, será imputado por diversos delitos derivados de una operación irregular llevada a cabo en el departamento del Cauca. El alto oficial deberá responder penalmente por los cargos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Los hechos que originaron esta investigación judicial ocurrieron el pasado 31 de enero de 2024. En aquel momento, el general Mejía Torres ejercía el cargo de comandante del Comando Específico/Especial Conjunto de Cauca (Cecau). Según los hallazgos procesales, el oficial habría emitido una orden irregular para liberar a un hombre capturado bajo la presunción de dedicarse al narcotráfico. El operativo de detención se había desarrollado en el corregimiento de El Plateado, ubicado en la zona rural del municipio de Argelia, en el Cauca.
De acuerdo con la información revelada en diversos reportajes de SEMANA, el procedimiento militar había logrado la detención y extracción del sujeto, así como la incautación de sustancias estupefacientes. Sin embargo, el general Mejía Torres habría ordenado directamente que el capturado fuera retornado y liberado en el mismo punto geográfico donde se había producido la detención, devolviendo asimismo el material incautado durante la operación.
Para ejecutar esta orden, se contó con la participación de 36 militares, entre los cuales se encontraban tres oficiales de alta graduación: un coronel, un teniente coronel y un mayor. Las evidencias recopiladas en el expediente incluyen testimonios de subalternos, quienes confirmaron haber recibido la instrucción de utilizar helicópteros del Ejército Nacional para trasladar nuevamente al sospechoso y la droga hacia el lugar de la captura para su posterior liberación.
Además de la orden de liberación, el general Mejía es señalado de haber consignado información contraria a la realidad en los informes oficiales. Estas inconsistencias se presentaron cuando el oficial fue requerido por los altos mandos de la institución en el marco de actuaciones administrativas y procesos de verificación disciplinaria, lo que sustenta el cargo de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Dentro del complejo expediente que maneja la Fiscalía, figura una prueba fundamental: un documento firmado por el propio general Mejía Torres. En dicho texto, el oficial reconoce ante el entonces comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, que efectivamente ordenó la liberación del presunto traficante de cocaína en el departamento del Cauca.
En su estrategia de defensa, el general Mejía ha argumentado que su decisión no fue arbitraria, sino que estuvo motivada por la necesidad de evitar una asonada de campesinos contra las tropas desplegadas en la zona. Según el documento conocido en exclusiva por SEMANA, el oficial sostiene que la orden de liberar al sujeto y el proceder de la Brigada Contra el Narcotráfico No. 3 deben entenderse como una "respuesta legítima, razonada y responsable ante una amenaza colectiva inminente".
En su justificación, el general afirmó haber priorizado el "interés superior de la vida humana sobre cualquier otra consideración", argumentando que la comunidad se encontraba enardecida e instrumentalizada, poniendo en peligro la integridad de los soldados y de la población civil. Por esta razón, señaló que solicitó un informe destinado a la Fiscalía General de la Nación para dejar trazabilidad de los hechos y de la amenaza existente.
Dada la alta jerarquía militar del implicado, la audiencia de imputación no se llevará a cabo ante un juez ordinario, sino que se realizará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, bajo la presidencia de un magistrado con función de control de garantías. La fecha y hora de dicha diligencia serán fijadas en los próximos días.
Finalmente, es importante señalar que el general Federico Alberto Mejía Torres no solo enfrenta este proceso, sino que cuenta con varias indagaciones abiertas en su contra por la presunta comisión de delitos graves, entre los cuales se destaca su posible participación en un concierto para delinquir.
