El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular ha lanzado una convocatoria abierta dirigida a diversas organizaciones sociales, fuerzas políticas y a la ciudadanía en general, con el objetivo de realizar una marcha masiva el próximo 15 de septiembre. El anuncio fue realizado durante una concurrida conferencia de prensa, en la cual los liderazgos de la organización hicieron un llamado a retomar la lucha popular para denunciar lo que consideran un deterioro drástico de la calidad de vida y de las libertades democráticas en El Salvador, atribuido a la profundización de un régimen político y económico.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, Fran Omar Parada fue el encargado de leer el comunicado oficial de la organización. En su intervención, Parada fue enfático al señalar que, bajo el contexto actual del país, no existen motivos para celebrar el aniversario de la independencia centroamericana. Según el vocero, desde el año 2021, el 15 de septiembre ha dejado de ser una fecha de festejo para convertirse en un símbolo de lucha por una independencia real.
En el documento leído, se denuncia la instalación y profundización de un régimen autocrático que, según la organización, ha tomado el control de las instituciones públicas para ponerlas al servicio de un clan familiar, la oligarquía, el imperialismo y otros aliados. De acuerdo con el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, estas acciones se han ejecutado en detrimento de la gran mayoría de la población, la cual sufre diariamente los efectos de la corrupción, el despojo y el empobrecimiento.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento se enfocó en la situación política y electoral de la nación. La organización calificó el segundo mandato gubernamental como inconstitucional y describió la gestión actual como una usurpación de las instituciones estatales. En este sentido, alertaron sobre un grave retroceso en la institucionalidad democrática, señalando específicamente las modificaciones realizadas al sistema político electoral y a la Constitución de la República entre los años 2025 y 2026.
Según el comunicado, estas reformas legislativas tienen como propósito blindar la continuidad del grupo gobernante en el poder hasta el año 2033. El Bloque sostiene que, al estar la institucionalidad del Estado bajo control oficialista y carecer de garantías para una contienda electoral justa, no existen posibilidades reales de competencia para la oposición. Por tal motivo, advirtieron que participar en los comicios bajo estas condiciones solo serviría para otorgar legitimidad a un proceso que carece de transparencia y de estándares democráticos fundamentales.
Asimismo, la gremial dedicó una parte importante de la rueda de prensa a analizar el impacto del régimen de excepción. Tras cuatro años de prórrogas continuas, la organización denunció que esta medida, concebida inicialmente como temporal, se ha transformado en una política pública permanente de contención social. Alertaron sobre las consecuencias humanas de esta situación, destacando las capturas arbitrarias y la incertidumbre de miles de familias que desconocen el estado de salud y las condiciones de vida de sus detenidos.
En el ámbito judicial, denunciaron la realización de juicios masivos que vulneran el principio de presunción de inocencia, al procesar conjuntamente a personas sin vínculos delictivos con miembros de estructuras criminales. Además, advirtieron que la pena de cadena perpetua está siendo utilizada como herramienta de persecución política contra dirigentes de la sociedad civil. Como ejemplo, citaron el caso de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, cuya audiencia de agosto fue suspendida por supuestas fallas de internet en las salas de crimen organizado de Soyapango y reprogramada para septiembre, incrementando la incertidumbre de sus familiares.
En materia laboral y civil, el Bloque condenó el hostigamiento a directivas sindicales mediante la retención de credenciales oficiales, lo que impide la representación formal de los trabajadores. También mencionaron que la Ley de Agentes Extranjeros, influenciada según ellos por sectores de la extrema derecha internacional, ha forzado a diversas entidades de la sociedad civil a suspender sus operaciones debido a la burocracia y los tributos impuestos.
Finalmente, la organización presentó un análisis económico donde subrayó la crisis fiscal y el deterioro productivo. Reportaron una contracción del -1% en el sector agropecuario durante el primer trimestre del año, agravada por impactos climáticos y la falta de políticas de rescate rural. Denunciaron además un incremento de 1,600 millones de dólares en la deuda pública durante el primer semestre del año, cuestionando el destino de estos fondos. Asimismo, señalaron que el Estado ha utilizado hasta el 70% de los fondos de pensiones como préstamos, sin realizar abonos a dicha deuda desde 2023.
Este escenario financiero, según el Bloque, impacta directamente en el costo de vida, elevando los precios de la canasta básica, energía eléctrica, combustibles, transporte, salud, educación y alquileres, situándolos entre los más altos de la región, mientras el desempleo continúa en aumento. Ante esto, la organización reiteró que la solución no reside en procesos electorales sin garantías, sino en la movilización y organización popular en barrios, cantones y espacios de trabajo.
