La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha intensificado sus ataques verbales contra los sectores opositores que se encuentran en el exilio. Durante el pasado 20 de agosto, Murillo utilizó los medios oficiales del Estado para lanzar una serie de insultos y descalificaciones, marcando así el segundo día consecutivo de agresiones directas hacia quienes se oponen al sistema político actual en el país centroamericano.
Estas declaraciones se producen en un clima de alta tensión diplomática, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara a una reunión urgente de cancilleres. El objetivo de dicho encuentro, cuya fecha aún no ha sido definida, es analizar las recientes y polémicas declaraciones del mandatario Daniel Ortega, quien ha amenazado con la cancelación de los procesos electorales en Nicaragua.
En su diatriba, Murillo empleó un lenguaje cargado de desdenes, refiriéndose a los opositores como "cachivaches", "espantapájaros", "triquitracas" y "cartuchos quemados y vencidos". La copresidenta utilizó frases como "Vade retro cachivaches y rueda fortunas", instándolos a "seguir jugando", mientras afirmaba que estos actores son vistos como los "chicos malos de toda nuestra historia". Asimismo, aseguró que ninguna persona en su "sano juicio" podría tomar en serio a quienes ella calificó como el "basurero de la historia", señalando que los opositores no dejan de pedir reconocimiento o apoyo externo, algo que, según Murillo, nunca sucederá.
Este despliegue retórico es la respuesta directa a la preocupación expresada por la OEA ante las palabras pronunciadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio. En aquel discurso, el mandatario nicaragüense fue tajante al asegurar que en Nicaragua no se llevarían a cabo más elecciones, argumentando que esto evitaría que la oposición intentara "atrapar el Gobierno" o "atrapar el poder".
Paralelamente a los ataques verbales, el régimen avanza en la consolidación de su estructura legal. Murillo informó que la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra subordinado a la Presidencia, sesionará este 22 de agosto. El propósito de esta sesión es presentar los avances de una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar profundamente las reglas del poder en el país.
Entre las medidas propuestas en esta reforma se encuentra la ampliación del mandato de la denominada copresidencia, el cual pasaría de seis a siete años. Además, la iniciativa busca establecer que dicho periodo sea renovable, eliminando así los límites temporales para el ejercicio del mando. Otra disposición crítica de la normativa sería la prohibición de la participación política de cualquier persona que el régimen considere como "golpista" o "traidora a la patria", lo que cerraría aún más el espacio democrático en la nación.
La trayectoria política de la pareja Ortega-Murillo refleja una concentración progresiva del poder. Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde el año 2007. En 2017, designó a Rosario Murillo como vicepresidenta y, para el año 2025, la ascendió al cargo de copresidenta. Este último nombramiento ha sido duramente cuestionado a nivel internacional; específicamente, Estados Unidos ha acusado a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta, señalando que carece de elecciones, de mandato legal y de legitimidad.
El control absoluto sobre la sociedad nicaragüense se ha intensificado especialmente después de las protestas ocurridas en 2018. Según datos de la ONU, la represión de aquellas manifestaciones dejó un saldo de más de 300 personas fallecidas.
En cuanto al calendario electoral, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, debido a enmiendas constitucionales que ampliaron el periodo presidencial, las próximas elecciones estarían previstas ahora para noviembre de 2027. No obstante, esta fecha queda en entredicho ante la postura oficial de Ortega, quien reiteró que no habrá nuevos comicios para evitar que la oposición acceda al poder.
