La Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso judicial contra cuatro individuos presuntamente involucrados en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta acción legal se produce tras el rescate de una adolescente de 16 años en la provincia de Manabí, un hecho que desencadenó una exhaustiva investigación para desarticular la estructura criminal responsable de este crimen.
La investigación previa fue puesta en marcha el 15 de mayo de 2026. Desde esa fecha, las autoridades desplegaron diversas diligencias coordinadas con el fin de recopilar indicios suficientes que permitieran identificar a los responsables y el modus operandi de la organización. Como parte fundamental de estas operaciones, se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en las localidades de El Carmen y Bahía de Caráquez, los cuales fueron coordinados estratégicamente con la Unidad Antitrata de la Policía Nacional.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal asignado a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) expuso detalladamente los elementos de convicción obtenidos. Los procesados en este caso han sido identificados como Steven Daniel M. M., Anthony Leonardo C. Z., Andy Fabricio B. B. y John Michael C. M.
Entre las pruebas presentadas ante el juez especializado para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, destacó un informe de ruta crítica. Este documento fue elaborado por el centro de acogida donde actualmente permanece la víctima, permitiendo reconstruir los hechos y el trayecto de la adolescente bajo el control de los presuntos captores. Asimismo, la Fiscalía incorporó un examen médico legal, así como informes psicológicos y de entorno social que sustentan la situación de vulnerabilidad y el daño causado a la menor.
Otro elemento clave presentado fue un parte policial integrado, el cual detalla el presunto rol que cada uno de los investigados desempeñaba dentro de la estructura criminal. Según las indagaciones, la organización no solo se dedicaba a la captación y explotación, sino que implementaba métodos específicos de sometimiento. La investigación señala que los procesados habrían utilizado tatuajes con forma de mariposa como un mecanismo de control sobre sus víctimas. De hecho, entre los detenidos se encuentra la persona que presuntamente se encargaba de realizar dichos tatuajes, marcando así a las víctimas como propiedad de la red.
En cuanto a la naturaleza de la organización, la Fiscalía expuso que existen indicios que vinculan a este grupo con la estructura delictiva conocida como "Los Choneros". No obstante, las autoridades aclararon que esta vinculación forma parte de los elementos analizados y deberá ser plenamente determinada y probada dentro del proceso judicial correspondiente.
Tras analizar los elementos presentados, el juez dictó medidas cautelares diferenciadas para los implicados. Para Steven Daniel M. M., Andy Fabricio B. B. y John Michael C. M., se ordenó la prisión preventiva, asegurando así que permanezcan bajo custodia mientras avanza el proceso. Por otro lado, para Anthony Leonardo C. Z., el magistrado dispuso la medida de presentaciones periódicas ante la autoridad y la prohibición inmediata de salida del país.
Desde el punto de vista legal, la causa se tramita bajo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Este crimen se encuentra tipificado en el artículo 91, incisos primero y segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con lo establecido en el artículo 92, numerales 2 y 3 del mismo cuerpo legal.
El proceso entra ahora en una fase decisiva con el inicio de la instrucción fiscal, la cual tendrá una duración de 90 días. Durante este periodo, la Fiscalía General del Estado continuará ejecutando las diligencias previstas para esclarecer la totalidad de los hechos, profundizar en la recolección de pruebas y determinar las responsabilidades penales individuales de cada uno de los procesados en este caso de explotación sexual.
