La organización Bases Magisteriales Salvadoreñas ha emitido una denuncia pública contra el Ministerio de Educación (MINED), señalando específicamente a la Dirección Departamental de Educación de La Libertad por implementar restricciones que limitan o impiden el ingreso de alcaldías a los centros escolares. Según la gremial, estas limitaciones se aplican selectivamente a aquellas municipalidades que son administradas por partidos políticos distintos al partido oficial, Nuevas Ideas.
De acuerdo con los reportes presentados por la organización, existe una disparidad evidente en el trato hacia las autoridades locales. Mientras que el apoyo de alcaldías no alineadas con el gobierno es restringido, los alcaldes pertenecientes al partido oficial, así como diversos diputados, pueden ingresar a los planteles educativos para entregar instrumentos y otros recursos materiales sin enfrentar las mismas barreras administrativas ni limitaciones de acceso.
El magisterio ha calificado estas prácticas como injustas y discriminatorias, advirtiendo que este tipo de acciones, basadas en la afiliación política, terminan afectando directamente el bienestar de los estudiantes. En un comunicado oficial, Bases Magisteriales condenó enérgicamente las medidas adoptadas por el MINED, argumentando que la gestión educativa no debe estar supeditada a colores políticos.
La organización docente fue tajante al criticar la gestión de las autoridades educativas, instándolas a revisar la Ley General de Educación. En sus declaraciones, manifestaron que quienes imponen estas restricciones demuestran un desconocimiento profundo de la realidad que se vive dentro de los centros escolares, sugiriendo que nunca han estado en un entorno educativo ni comprenden las gestiones diarias y las carencias que deben solventar para que los alumnos cuenten con los recursos mínimos necesarios.
Para dimensionar el impacto de estas restricciones, Bases Magisteriales detalló los diversos tipos de apoyo que las alcaldías suelen brindar y que ahora se ven amenazados. Entre estas colaboraciones se encuentra la mejora de la infraestructura física, incluyendo la pintura de aulas, fachadas, muros y canchas deportivas, así como la rehabilitación general de los espacios educativos.
Asimismo, la gremial recordó que las municipalidades proporcionan servicios logísticos críticos, como el transporte gratuito para los estudiantes durante sus traslados a actividades académicas, desfiles, eventos deportivos y culturales. También destacaron la importancia del servicio de recolección de basura en los centros escolares y la donación de trofeos, medallas y reconocimientos, elementos que sirven para incentivar el talento, el esfuerzo y los logros académicos y deportivos del estudiantado.
En su postura, la organización subrayó que la educación pública no requiere de la presencia de políticos ni de figuras electoreras, sino de la implementación de políticas educativas sólidas que fortalezcan la convivencia, el aprendizaje, el arte, la cultura, el deporte y la formación integral de los niños, niñas y jóvenes.
Un punto central de la denuncia radica en la situación financiera del sistema educativo. Bases Magisteriales advirtió que el presupuesto asignado al Ministerio de Educación es insuficiente para cubrir las demandas cotidianas de los centros escolares. La institución, según la gremial, no cuenta con las condiciones económicas necesarias para solventar por cuenta propia el mantenimiento, las reparaciones urgentes, el equipamiento, la logística y el pago de instructores. Por esta razón, el apoyo de las alcaldías no es visto como un lujo, sino como un complemento necesario que impacta directamente en la calidad educativa.
Ante este escenario, Bases Magisteriales exigió al MINED respetar el derecho de los centros escolares a recibir donaciones y apoyo institucional, solicitando que cese la discriminación entre alcaldías, diputados o instituciones basándose en su color político. La organización pidió la creación de procedimientos claros, transparentes y equitativos para todas las entidades que deseen colaborar, priorizando siempre el bienestar estudiantil sobre los intereses partidarios.
La denuncia concluyó con un fuerte llamado al cese del abuso de poder, retando a las autoridades del Ministerio de Educación a cubrir la totalidad de las necesidades de los centros educativos. Según la organización, solo cuando el MINED tenga la solvencia para cubrir cada carencia podrá justificar la limitación de las gestiones realizadas por los Consejos Directivos para obtener apoyos externos.
