Representantes de la Comunidad Santa Marta, ubicada en el departamento de Cabañas, junto a familiares y amigos de Miguel Ángel Callejas, se presentaron este miércoles en el Centro Judicial Integrado de Soyapango. El objetivo de la movilización fue entregar un escrito formal ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, solicitando la inmediata liberación de Callejas, quien se encuentra detenido desde octubre de 2025.
La defensa y los allegados al procesado sostienen que Callejas es víctima de una grave suplantación de identidad. Según el documento presentado, el joven fue capturado nuevamente bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas, basándose en la imposición de un alias perteneciente a un pandillero que, según informan pobladores de Ciudad Victoria, aún permanece en libertad.
Los hechos que originaron este conflicto legal se remontan a finales de octubre de 2020 en Victoria, Cabañas. En aquella ocasión, un equipo policial especializado en el combate a las pandillas detuvo a Miguel Ángel Callejas mientras este se desplazaba en motocicleta por la carretera de Santa Marta. Durante la intervención, los agentes fotografiaron su Documento Único de Identidad (DUI) y aseguraron que el joven era un pandillero conocido bajo los alias de «Majoncho» o «Panadero del Ocotillo».
De acuerdo con el relato de su familia, Callejas manifestó en todo momento que no comprendía el motivo de los interrogatorios, ya que no conocía a la persona por la cual se le preguntaba. Tras anotar los datos de su documento de identidad en una libreta, las autoridades le permitieron continuar su camino. Sin embargo, la situación cambió drásticamente el 16 de diciembre de 2020, cuando un grupo de policías irrumpió en su vivienda durante la madrugada para detenerlo por el delito de asociaciones ilícitas.
Al revisar la ficha policial, la familia identificó que se trataba de una suplantación, pues se le atribuyeron apodos y delitos que la Fiscalía no pudo comprobar durante las audiencias judiciales. Tras permanecer detenido casi dos años, el Juzgado de Paz de Primera Instancia de Sensuntepeque dictó su libertad definitiva en agosto de 2022, debido a la falta de pruebas suficientes para sostener una causa penal.
María Francisca Hernández, madre del detenido, explicó que su hijo cumplió rigurosamente con todas las medidas impuestas por la jueza de Sensuntepeque, incluyendo la prohibición de salir del país durante un año. Una vez que recibió la resolución que le permitía viajar, Callejas se trasladó a Estados Unidos en 2023. No obstante, decidió regresar voluntariamente a El Salvador tiempo después, motivado por el deseo de reencontrarse con su pareja, su hija y el resto de sus familiares.
El retorno al país se convirtió en una pesadilla el 7 de octubre de 2025. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero en un vuelo procedente de Virginia, EE.UU., Callejas fue intervenido por agentes policiales. Los efectivos le informaron que, debido a que contaba con un récord de captura previo por agrupaciones ilícitas, quedaba automáticamente detenido bajo el régimen de excepción.
«Si él hubiera sido un delincuente, él no regresaría a su país. Él si hubiera ido huyendo, usted cree que él hubiera regresado. Él no venía deportado», enfatizó la señora Hernández, subrayando la angustia vivida mientras la familia lo esperaba en el aeropuerto, solo para verlo trasladado primero a la delegación aeroportuaria y posteriormente a la delegación de Zacatecoluca.
El proceso legal ha continuado con complicaciones. El 10 de febrero del presente año, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado realizó una audiencia de revisión de medidas a solicitud de la defensa técnica. A pesar de que la Fiscalía no presentó testigos de descargo ni nuevas evidencias de acusación, la jueza negó la libertad a Callejas, argumentando que existía el riesgo de que el procesado abandonara nuevamente el país.
Ante esta resolución, Peter Natarén, líder comunitario de Cabañas, expresó su lamentación por la decisión judicial. Natarén señaló que es inadmisible que el argumento del riesgo de fuga prevalezca cuando la persona ha estado detenida desde octubre sin que se presente prueba alguna, corriendo el riesgo de ser condenado en un juicio masivo por un delito que nunca cometió.
La Comunidad Santa Marta ha manifestado su indignación a través del escrito presentado, cuestionando cómo un procedimiento policial mal intencionado puede arruinar la vida de un joven inocente para favorecer la libertad de un pandillero real. Por ello, han solicitado al tribunal realizar todas las diligencias legales necesarias para corroborar la inocencia de Callejas y han reiterado su disposición para colaborar en las investigaciones.
Finalmente, la familia y los líderes comunitarios presentaron un segundo escrito ante la Inspectoría Policial de San Vicente, solicitando formalmente que se inicie una investigación contra la unidad antipandillas responsable de elaborar la ficha policial original que inició este proceso de suplantación.
