Un reciente informe periodístico ha puesto nuevamente en el centro del debate público el funcionamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), tras revelarse la existencia de presuntas falsas muertes registradas en su sistema. Según la investigación, diversos delincuentes que contaban con antecedentes penales y procesos judiciales abiertos habrían sido declarados fallecidos oficialmente, a pesar de que en realidad continuaban con vida. Esta maniobra habría tenido como objetivo principal permitir que estas personas evadan la acción de la justicia y eviten una eventual captura por parte de las autoridades competentes.
Al respecto, Walter Córdova, quien se desempeña como director de Registros Civiles del RENIEC, ha confirmado que la entidad ha logrado detectar casos específicos en los cuales se habrían utilizado declaraciones falsas de fallecimiento. El funcionario señaló que estas irregularidades fueron implementadas presuntamente para facilitar que personas investigadas o buscadas por la ley pudieran sustraerse de sus responsabilidades judiciales. Córdova fue enfático al declarar que, ante el hallazgo de estas situaciones, la institución procede a interponer las denuncias correspondientes en todos los casos detectados.
En el marco de este reportaje, se ha revelado que el RENIEC ha presentado denuncias contra al menos cuatro profesionales médicos. Estos facultativos aparecen como los responsables de haber suscrito los certificados de defunción de personas que, posteriormente, fueron identificadas con antecedentes criminales y que no habían muerto.
Uno de los casos más destacados en la investigación es el de Giancarlo Zegarra, conocido bajo el alias de “Careca”. De acuerdo con la información difundida, el certificado de defunción de Zegarra habría sido firmado por el médico Ángel Avilés Conde. No obstante, se ha precisado que el doctor Avilés Conde ya falleció, lo que añade una capa de complejidad e irregularidad al proceso de registro de dicha muerte.
Asimismo, el informe menciona la situación de John Barbarán León, señalado como presunto lugarteniente de la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos’. Barbarán León fue capturado en Argentina en noviembre del año pasado, un hecho que puso en evidencia las fallas del registro, ya que el sujeto figuraba anteriormente como fallecido en las bases de datos oficiales, lo que presumiblemente dificultaba su localización y captura.
Otro de los profesionales señalados es el médico Carlos Medina. En este caso, la defensa legal está liderada por el abogado César Nakasaki, quien ha rechazado categóricamente las acusaciones. El letrado sostuvo que su patrocinado no participó en la falsificación de ningún certificado y aseguró que la firma atribuida al médico no es auténtica. Según Nakasaki, tras una revisión minuciosa del documento, se determinó que la firma fue falsificada y que los sellos utilizados no corresponden al periodo en el que el médico los empleaba profesionalmente. El abogado enfatizó que Carlos Medina no es cómplice, coautor ni integrante de ninguna organización criminal. Además, la defensa planteó la hipótesis de que las irregularidades podrían haberse originado dentro del propio proceso registral interno y no necesariamente por una acción directa del médico.
El reporte periodístico también vincula a los médicos Julio Peralta Roncal y Raúl Durán Vargas con otros dos certificados de defunción cuestionados por el RENIEC. Se indica que Peralta habría certificado la muerte de Carlos Márquez Marru, mientras que Durán Vargas habría hecho lo propio con Jorge Ortega Montes. Ambos sujetos son señalados como presuntos responsables del asesinato del obrero Gustavo Legay, crimen ocurrido en el año 2014. Según la información, Márquez Marru y Ortega Montes habrían simulado sus muertes para evadir la persecución de las autoridades.
Finalmente, el director de Registros Civiles, Walter Córdova, precisó que los casos expuestos corresponden a los años 2016, 2020 y 2022. El funcionario explicó que una parte de estas situaciones ocurrió durante la pandemia, periodo en el cual los procedimientos de registro tuvieron que adaptarse y realizarse bajo condiciones distintas a las habituales. Córdova señaló que esta situación excepcional obligó a la entidad a trabajar de manera diferente, lo que podría haber sido aprovechado por personas interesadas en generar declaraciones falsas de fallecimiento para obtener beneficios ilícitos.
