En el marco de las diligencias judiciales relacionadas con la investigación denominada "Caso Sartor", se ha hecho efectiva la medida cautelar de prisión preventiva decretada para cuatro de los principales implicados en el proceso. Tras la resolución emanada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la institución de Gendarmería de Chile ha informado detalladamente sobre el traslado y el ingreso de los imputados a los centros penitenciarios correspondientes.
Los sujetos afectados por esta medida son Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez. Según la información oficial proporcionada por Gendarmería, el destino de los detenidos se ha dividido en dos recintos distintos, atendiendo a los criterios de clasificación y segmentación establecidos por la normativa vigente. Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez fueron trasladados e ingresaron al Centro de Detención Preventiva Santiago I.
Por otro lado, el imputado Michael Clark, quien se desempeña como expresidente de Azul Azul, ha sido derivado a un recinto de máxima seguridad. Específicamente, Clark fue ingresado al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), concretamente en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, siendo el único de los cuatro excontroladores de Sartor en ser asignado a dicha unidad.
Mediante un comunicado institucional, Gendarmería de Chile precisó que el ingreso de los imputados se realizó siguiendo estrictamente los protocolos habituales aplicados a todas las personas que quedan privadas de libertad. El proceso comenzó con el contraste de la documentación correspondiente, seguido de una derivación obligatoria al área de salud para las evaluaciones pertinentes. Posteriormente, los imputados fueron remitidos a la oficina de clasificación y segmentación, paso fundamental para determinar la dependencia final donde serían alojados dentro de los recintos.
La institución subrayó que estas acciones se llevaron a cabo bajo el amparo de las facultades legales otorgadas por el tribunal competente. En particular, se citó que el ingreso a los recintos penales se condice con lo establecido en el Decreto Ley Nº 2.859, así como en los numerales 12 y 13 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Estos marcos legales permiten que la autoridad penitenciaria organice la estancia de los privados de libertad basándose en su perfil y la naturaleza de su situación procesal.
Respecto a los fundamentos legales que llevaron a esta situación, el tribunal ha dado por acreditados, en esta etapa preliminar de la investigación, diversos delitos de gravedad. Entre los cargos principales se encuentran el lavado de activos y el fraude derivado de la omisión de una oferta pública de adquisición (OPA). Asimismo, la investigación abarca otros tipos penales como diversas modalidades de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, al dictaminar la prisión preventiva, consideró necesario asegurar la presencia de los imputados durante el proceso y evitar posibles entorpecimientos en la recolección de pruebas. En consecuencia, la justicia ha fijado un plazo de 120 días para que el Ministerio Público continúe con las diligencias investigativas.
Durante este periodo de cuatro meses, la Fiscalía deberá profundizar en el esclarecimiento de los hechos y avanzar en la determinación de las responsabilidades penales individuales de cada uno de los involucrados. El objetivo es consolidar la evidencia necesaria para sustentar la acusación formal respecto a los delitos financieros y administrativos que se investigan en el Caso Sartor.
Con la entrada de los imputados a los recintos penales, se cierra una etapa procesal inmediata, iniciando el periodo de instrucción donde se analizarán los movimientos financieros y las gestiones administrativas que habrían dado lugar a las imputaciones por fraude y lavado de activos. La distribución de los detenidos entre el Centro de Detención Preventiva Santiago I y el REPAS refleja la aplicación de los criterios de seguridad y clasificación exigidos por la ley chilena para este tipo de casos.
