La reconocida activista y académica Angela Davis visitará México el próximo 26 de agosto para participar en la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios de la UNAM. El evento tendrá lugar en la Sala Miguel Covarrubias, donde Davis estará acompañada por Gina Dent y Amneris Chaparro. Su presencia llega en un momento crítico para el país, donde la figura de la prisión preventiva oficiosa ha dejado de ser una excepción para convertirse en una práctica cotidiana.
La visita de Davis supone una oportunidad para reflexionar sobre el estado actual del feminismo, que parece haber transitado de un movimiento cohesionado en las calles hacia una fragmentación en pequeñas tribus, mientras enfrenta el resurgimiento de sectores ultraconservadores que buscan restringir derechos fundamentales, incluyendo el voto femenino.
Durante su trayectoria, Angela Davis se ha consolidado como una de las voces más influyentes del feminismo contrario al castigo, enfocando su obra en el análisis de cómo la raza, la clase y la economía se entrelazan dentro del sistema penitenciario. A través de su trabajo, Davis desarrolló el concepto de "complejo industrial-prisionero", una estructura donde el sistema carcelario ha crecido basándose en intereses económicos y políticos, guardando una lógica similar al complejo militar-industrial denunciado en su momento por Eisenhower.
Según el análisis de Davis, la prisión ha abandonado la promesa de la rehabilitación para centrarse en la promesa de rendir. En lugar de solucionar problemas estructurales, el sistema busca generar la ilusión de que la propiedad privada está resguardada mientras los presuntos delincuentes permanezcan recluidos. Detrás de este modelo opera una economía compleja que incluye penales de gestión privada y una red de empresas que subcontratan servicios de alimentación, salud y transporte. Asimismo, las constructoras encuentran en la creación de nuevos reclusorios una oportunidad de negocio, mientras que el trabajo penitenciario se ejerce sin sindicatos ni prestaciones, describiéndose como una servidumbre actualizada.
Este aparato, lejos de resolver los conflictos sociales, los profundiza. La cárcel se convierte en un depósito para las consecuencias de la desindustrialización y el desempleo, recibiendo principalmente a personas pobres, personas sin vivienda ni educación y personas con padecimientos mentales sin atención. Davis sostiene que el presupuesto que debería destinarse a salud, vivienda o educación se desvía hacia el castigo, definiendo la prisión como "el racismo hecho cuerpo".
La autora traza una genealogía entre la esclavitud y el encierro, señalando que la Decimotercera Enmienda en Estados Unidos abolió la esclavitud excepto para quienes fueran condenados por un delito. Esta brecha permitió que el castigo estatal heredara las estructuras de servidumbre, ligando el color de la piel a la sospecha y el confinamiento.
Este modelo no se limita a las fronteras estadounidenses. Davis cita el ejemplo de G4S, la empresa de seguridad más grande del mundo, que gestiona desde prisiones y centros de detención de migrantes hasta puntos de control en Palestina. Además, menciona que el modelo de prisiones de máxima seguridad, o "supermax", se ha exportado a países como Turquía y Sudáfrica. Otro efecto relevante es la "muerte civil", donde los antecedentes penales provocan la pérdida del derecho al voto o al empleo, empobreciendo la democracia.
En el contexto mexicano, este análisis resulta pertinente ante el Artículo 19 de la Constitución, que consagra la prisión preventiva oficiosa. Una reforma publicada el 31 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025 amplió el catálogo de delitos que activan esta medida, incluyendo la extorsión, el contrabando, el uso de comprobantes fiscales falsos y actividades ligadas al fentanilo y otras drogas sintéticas. Dicha reforma incluyó una cláusula que prohíbe interpretaciones que modifiquen sus términos, actuando como un candado contra la judicatura.
Esta expansión ocurre a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado mexicano en los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile, determinando que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana. La respuesta nacional ha sido ampliar el alcance de la medida, afectando especialmente a jóvenes reclutados forzosamente por el crimen organizado.
La postura de Davis resuena en este escenario, ya que la prisión preventiva oficiosa castiga antes del juicio y presume la culpabilidad, lo que representa una inversión de la jurisdicción donde la pena se adelanta a la sentencia. Para Davis, este es un dispositivo para administrar los cuerpos que el sistema considera prescindibles.
Ante esto, su propuesta es la "democracia de abolición", que plantea abolir la cárcel y sustituir los muros por instituciones que garanticen salud, educación y vivienda. Asimismo, critica el neoliberalismo por disolver las luchas colectivas en un individualismo insidioso y cuestiona la idea de una ley "ciega al color", que permite que el racismo estructural siga operando. Finalmente, Davis sostiene que la presencia de personas negras o mujeres en cargos de poder no desmantela las estructuras de opresión, ya que lo que oprime son las estructuras y no las personas que las ocupan.