La Justicia de Rivera ha dictado una medida de prisión preventiva por un período de 90 días para dos hermanos, uno de los cuales es un funcionario policial, imputados por la comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados. Esta decisión judicial se tomó mientras la fiscal especializada, Katia Aviles, continúa liderando y desarrollando las diligencias necesarias para avanzar en la investigación del caso.
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el funcionario involucrado desempeña sus funciones dentro de la Guardia Republicana. El operativo de detención se llevó a cabo el pasado miércoles, y posteriormente, este jueves, el implicado fue trasladado ante la Fiscalía y la Justicia competente, donde se procedió a la formalización de la investigación penal.
El origen de este proceso judicial se remonta al mes de julio del corriente año, fecha en la que se presentó la denuncia formal. En dicho documento se acusaba a los dos hermanos, de 30 y 38 años de edad, de haber perpetrado abusos sexuales contra dos menores de edad.
En cuanto a la situación procesal detallada, el hombre de 38 años enfrenta una serie de imputaciones graves. Fue imputado en la tarde del jueves por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. Asimismo, se le atribuyen delitos en concurso formal con un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad o personas incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier índole. Adicionalmente, se le imputa un delito de violencia doméstica especialmente agravada en concurso formal con un delito de lesiones personales. Todas estas imputaciones fueron formuladas bajo la figura de reiteración real y en calidad de autor.
Por su parte, el hermano menor, de 30 años, fue imputado específicamente como autor de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados.
Más allá de la privación de libertad, la Justicia ha impuesto medidas cautelares estrictas para proteger la integridad de las víctimas y de otros sectores vulnerables de la sociedad. A ambos imputados se les ha suspendido la patria potestad. Además, se ha decretado su inhabilitación absoluta para desempeñar funciones, ya sean públicas o privadas, en cualquier área relacionada con la educación o la salud. Esta prohibición se extiende a cualquier actividad que implique el trato directo con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores que se encuentren en situación de dependencia.
La medida de prisión preventiva, fijada en 90 días, tiene como objetivo brindar el tiempo necesario para que la investigación progrese hacia una sentencia definitiva. El proceso legal podrá resolverse eventualmente a través de un juicio oral o mediante un proceso abreviado. No obstante, la Fiscalía ha informado que la defensa técnica de los imputados ya ha presentado un recurso de apelación contra el fallo que dispuso la prisión preventiva.
En el ámbito administrativo, el Ministerio del Interior ha tomado cartas en el asunto respecto al funcionario policial. Siguiendo los protocolos establecidos por la institución, se ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo mientras dure la investigación. Como medida inmediata, se ha ordenado la retención total de sus haberes. Según las precisiones brindadas por el Ministerio, este tipo de procedimientos administrativos suelen culminar con la baja definitiva del funcionario de la fuerza policial.
Este caso ha generado una fuerte respuesta judicial en Rivera, donde se busca determinar la responsabilidad total de los hermanos en los hechos denunciados desde julio, asegurando que las medidas preventivas eviten cualquier riesgo para las víctimas mientras se define el destino legal de los imputados.
