El Pacífico colombiano se encuentra sumido en una profunda crisis humanitaria tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio este lunes. Las poblaciones afrodescendientes e indígenas de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Quibdó, la capital del Chocó, han sido las más golpeadas, agravando una situación de exclusión y conflicto armado que ha marcado la historia de estas regiones.
En Buenaventura, ciudad que alberga uno de los puertos más críticos para el comercio exterior del país, el balance es alarmante: al menos 16 personas fallecieron y 258 resultaron heridas. Según el tercer informe entregado por la Alcaldía distrital, la capacidad operativa de la red hospitalaria —conformada por dos hospitales públicos y una clínica privada— fue totalmente superada tras el sismo. La carencia de un hospital público de tercer nivel obligó a los servicios de salud a improvisar puestos de atención en la calle mediante el uso de carpas para recibir a los pacientes.
Adriel Ruiz, líder social y miembro de la Corporación Memoria y Paz, describió la situación como una crisis angustiante, señalando que fue desolador ver la cantidad de heridos llegando a centros donde no había lugares disponibles. Además, Ruiz denunció que la ciudad vivió un aislamiento total durante las primeras 48 horas debido a múltiples deslizamientos que cerraron la única carretera que conecta a Buenaventura con el centro del país. Según el líder, Buenaventura "no aparece en el radar de las ayudas", cuestionando la falta de coordinación y el impacto de la respuesta gubernamental en comparación con otras ciudades, mientras la sociedad civil lidera la búsqueda de sobrevivientes y la recolección de donaciones de alimentos, ropa y materiales de construcción.
A unos 100 kilómetros del epicentro, ubicado en San José del Palmar, Quibdó sufrió un impacto severo. El sismo dejó en ruinas infraestructuras de cemento y palafitos, aquellas viviendas construidas sobre pilotes de madera que permiten a las comunidades vivir junto al río Atrato y sus afluentes. El padre José Darvinson Quejada Córdoba, de la Diócesis de Quibdó, relató que, al salir de la casa parroquial motivado por una sirena, encontró una escena apocalíptica con postes de electricidad cayendo y casas colapsando sobre las familias.
Las cifras oficiales de la Gobernación de Chocó reportan 13 muertos, 182 heridos y 8.056 familias damnificadas, con 1.144 viviendas destruidas y 8.688 averiadas. No obstante, la Defensoría del Pueblo ha advertido que estas cifras son preliminares, ya que tres días después del sismo aún existen territorios y comunidades indígenas incomunicadas. La entidad ha instado a las autoridades a acelerar los censos para priorizar la atención en las zonas donde aún no hay reportes oficiales.
Ante la falta de una respuesta inmediata y coordinada del Estado, el padre Quejada Córdoba ha articulado organizaciones comunitarias para identificar víctimas, priorizar necesidades y organizar ollas comunitarias en los barrios más afectados. El sacerdote reconoce que la magnitud de esta tragedia no tiene precedentes, señalando que la alegría y resiliencia característica de su gente ha sido reemplazada por rostros apagados y sufrientes.
Esta tragedia natural ha puesto de relieve una vulnerabilidad estructural profunda. Erika Parrado, politóloga e historiadora, sostiene que la crisis no es solo producto del sismo, sino del "racismo estructural del Estado colombiano". Parrado argumenta que existe una mirada "andinocéntrica" que ha mantenido al Pacífico en una relación de desigualdad, viendo la región únicamente bajo una lógica extractivista de recursos como oro, plata y madera.
La precariedad se refleja en los datos socioeconómicos: Buenaventura, a pesar de movilizar la mitad del comercio internacional del país, registró un desempleo del 26,9 % en 2024, superando ampliamente el promedio nacional (10,2 %) y departamental (12,1 %). Por su parte, el Chocó es el departamento más pobre de Colombia; para 2025, el 65 % de su población carecía de ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios mínimos. Parrado destaca que incluso la infraestructura básica es deficiente; el acueducto de Buenaventura fue diseñado a principios del siglo XX para abastecer trenes y barcos, dejando hoy el servicio constante únicamente para la zona hotelera y el puerto.
El panorama se complica aún más por la presencia de actores armados en Chocó y Valle del Cauca, corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha manifestado su preocupación por el acceso de los equipos de apoyo en áreas afectadas por el conflicto. La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre los riesgos derivados de las confrontaciones entre el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central y la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Mientras las comunidades organizan sus propios rescates, el desafío para el Estado colombiano trasciende la reconstrucción física. La recuperación a largo plazo dependerá de un acompañamiento real que supere la exclusión histórica de estas poblaciones.
