Un devastador terremoto de magnitud 7,4, ocurrido la mañana del pasado lunes con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha sumido a Colombia en una emergencia humanitaria de grandes dimensiones. El sismo afectó al menos 14 departamentos del país, dejando un saldo preliminar de 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y una cifra de desaparecidos que el presidente Abelardo de la Espriella ha calificado como "alarmante", alcanzando los 496 reportes.
El balance de daños materiales es extenso. Según el Gobierno Nacional, la tragedia ha impactado a 25.872 familias, resultando en la destrucción total de más de 11.000 viviendas y el deterioro de otras 53.000. La infraestructura pública también sufrió golpes severos: 1.800 escuelas, 140 edificios, 20 puentes vehiculares, 203 vías, 44 acueductos y cinco aeropuertos presentan afectaciones. En Cali, el Hospital Universitario del Valle reportó daños en casi el 70 % de su infraestructura, lo que obligó a la evacuación de 800 pacientes y dejó un saldo de seis víctimas mortales en el recinto.
La Cruz Roja de Colombia ha desplegado equipos de respuesta rápida en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. Cristian Torres, director regional adjunto para las Américas de la organización, explicó que la gran dispersión del impacto, debido a la profundidad del sismo y la extensión del territorio, hace que la operación sea compleja y prolongada. Por ello, la entidad ha lanzado un llamamiento de emergencia para sostener la asistencia durante los próximos 24 meses. Más de 300 voluntarios trabajan actualmente en tres focos: búsqueda y rescate, atención primaria de heridos y salud mental, este último aspecto considerado crítico para ayudar a las víctimas a sobrellevar el trauma.
En el terreno, las labores de rescate se han convertido en una carrera contra el tiempo. En Cali, el complejo Torres del Limonar fue escenario de una historia de esperanza y angustia: el pequeño Salomón, de tres meses, fue rescatado junto a su padre, Juan David Gómez, tras ser localizados gracias a un susurro entre los escombros. Sin embargo, la búsqueda continúa para la madre, la arquitecta Valentina Vanegas Galiano, y su hermano Juan Esteban, quienes permanecen atrapados.
La gestión de la ayuda internacional ha generado algunas tensiones. Mientras el Gobierno de Colombia permitió la entrada de equipos certificados de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, el grupo de rescatistas "Topos" de México fue inicialmente rechazado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por falta de certificaciones específicas. No obstante, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció que los Topos ya se encuentran en la ciudad tras una coordinación impulsada por el sector privado.
En ciudades como Pereira, la solidaridad civil ha tomado el protagonismo. El empresario gastronómico Gabriel Jaime Montoya transformó sus negocios en centros de ayuda; el restaurante Don Ángel Parrilla se convirtió en una cocina comunitaria que prepara entre 1.000 y 1.500 platos diarios para damnificados y rescatistas, mientras que la discoteca Tutaina Eje Cafetero funciona como centro de acopio. A este esfuerzo se han sumado ciudadanos comunes, como la maestra Ana Camila Merchán, quien ha participado en las cadenas de traslado de escombros.
Ante la magnitud de la crisis, el presidente De la Espriella declaró una emergencia económica. Esta medida contempla alivios temporales para las familias perjudicadas, incluyendo el pago de servicios públicos por parte del Estado, subsidios de arrendamiento y apoyos económicos para comerciantes y pequeños empresarios.
Finalmente, la tragedia ha movilizado a figuras públicas. La cantante Karol G, a través de su fundación Con Cora, y la familia Montaner, mediante The House Project, han activado sus redes de apoyo para enviar asistencia humanitaria y recolectar donaciones para las zonas más golpeadas del país.
