El Presidente de la República, José Antonio Kast, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de impugnar el artículo 31 de la denominada "megarreforma". Esta normativa específica obliga a las empresas distribuidoras de servicios básicos a realizar la reconexión gratuita de suministros de agua, electricidad y gas en hogares y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ubicadas en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, zonas que han sido severamente impactadas por incendios forestales.
El artículo en cuestión, que fue impulsado originalmente mediante una indicación de la diputada Sofía González, integrante del Partido Comunista (PC), contó con el respaldo de diversos parlamentarios de la oposición y algunos sectores oficialistas. La norma establece que las empresas distribuidoras no podrán realizar cobros ni exigir pagos previos para restituir los servicios que hayan sido suspendidos por falta de pago, independientemente de si el corte ocurrió antes o durante la declaración de estado de catástrofe en las zonas afectadas.
En cuanto a los plazos operativos, la legislación establece límites estrictos para la reposición de los suministros básicos. Para el caso del agua potable y el sistema de alcantarillado, el plazo máximo para la restitución es de 24 horas. Por otro lado, para la electricidad y el gas, el tiempo límite para la reconexión es de 48 horas. Además, el texto prohíbe explícitamente cualquier cargo relacionado con la reconexión, la reposición, las visitas técnicas o la revisión de las instalaciones. Es relevante destacar que la norma permite a los usuarios afectados exigir el cumplimiento de estas obligaciones a través de la vía judicial.
El requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional no fue firmado únicamente por el Presidente Kast, sino que contó con el respaldo de los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange. El argumento central del Ejecutivo es que la disposición infringe el artículo 69 de la Constitución Política. Según el escrito presentado, el artículo 31 no mantiene una relación directa con las "ideas matrices o fundamentales" del proyecto de ley original.
La presentación legal, que consta de 74 páginas y fue patrocinada por los abogados Joaquín Palma y Vicente Gómez, profundiza en la naturaleza del proyecto original. El Ejecutivo sostiene que la megarreforma estaba estrictamente limitada a los ejes de financiamiento, aceleración de la reconstrucción y reactivación económica de las zonas dañadas. En este sentido, se argumenta que la inclusión de la indicación de la diputada González se realizó sin el análisis correspondiente de una comisión técnica ni mediante la realización de audiencias con los organismos involucrados, lo que, a juicio del gobierno, generó un "déficit deliberativo".
Sobre la tramitación previa de la ley, se informó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había formulado una reserva de constitucionalidad. No obstante, este artículo específico no fue incluido en los vetos presidenciales presentados la semana anterior. Aquellas observaciones del Ejecutivo se centraron en otros puntos, tales como la supresión del derecho al olvido financiero, la prohibición de aplicar intereses sobre intereses y los ajustes en los plazos de pago para las pymes, los cuales se propusieron extender a 30 días.
Ante esta acción judicial, la diputada Sofía González expresó su decepción. La parlamentaria acusó al Ejecutivo de representar un "gobierno de los ricos" y sostuvo que el Presidente busca eliminar la única herramienta de la ley que proporcionaba una ayuda directa y tangible a las familias afectadas por los incendios.
Con la entrada de este nuevo requerimiento, la megarreforma se enfrenta ahora a un total de cuatro acciones ante el Tribunal Constitucional. A la solicitud del Presidente se suman dos requerimientos presentados por diputados de oposición y un tercer recurso interpuesto por senadores del mismo sector político.
