Los gobiernos de Perú y México han llegado a un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas, las cuales se encontraban rotas a todo nivel desde noviembre de 2025. Esta decisión se produce luego de que el Ejecutivo peruano, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, aceptara otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, quien se desempeñó como primera ministra durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo entre 2021 y 2022.
La resolución fue comunicada a través de sendos anuncios emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. Betssy Chávez había recibido asilo diplomático por parte del Gobierno mexicano, permaneciendo refugiada en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre de 2025. La ex primera ministra se encuentra procesada y fue condenada a una pena de 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en 2022, la misma sentencia que recibió el exmandatario Pedro Castillo.
La administración de la presidenta Fujimori fundamentó la entrega del salvoconducto en el cumplimiento de la Convención de Caracas. Este tratado internacional regula el asilo diplomático y establece la obligación del Estado donde se encuentra la persona beneficiada de emitir el documento necesario para que el asilado pueda trasladarse al país que le otorgó la protección sin riesgo de ser detenido durante el trayecto.
El camino hacia la ruptura total de relaciones había sido progresivo. Previamente, desde diciembre de 2022, los vínculos ya se manejaban únicamente a nivel de encargados de negocios. Esto ocurrió luego de que el Gobierno de México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, condenara el encarcelamiento de Pedro Castillo y cuestionara la legitimidad de Dina Boluarte como sucesora en la presidencia. En aquel periodo, Perú había expulsado al embajador mexicano y retirado al suyo de Ciudad de México.
La ruptura definitiva ocurrió en noviembre de 2025, durante la administración del presidente interino José Jerí, quien decidió cortar todo vínculo diplomático tras el otorgamiento del asilo a Betssy Chávez por parte de México. Posteriormente, el presidente interino José María Balcázar, quien gobernó entre 2025 y 2026, mantuvo la postura de evitar dar una respuesta oficial sobre el salvoconducto de la ex funcionaria.
A pesar de la normalización de los vínculos, la Cancillería peruana ha sido enfática en aclarar que el otorgamiento del salvoconducto no implica que el Estado peruano reconozca a Betssy Chávez como una perseguida política, contrary a la postura sostenida por el Gobierno de México. El comunicado oficial reitera que en el Perú impera el Estado de derecho, existe una separación de poderes y se respetan las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso.
En el documento, el Gobierno peruano recordó que Chávez fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, específicamente bajo la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, según lo previsto en el artículo 349 del Código Penal del Perú. Asimismo, se informó que la ex primera ministra continúa siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
Ante esta situación, el Ejecutivo peruano anunció que seguirá impulsando consultas dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de buscar una eventual modificación de los tratados internacionales sobre asilo. La postura de Lima es que el espíritu de dichos tratados se ha desvirtuado en casos como el de Betssy Chávez.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, quien se encontraba en Colombia para asistir a la investidura del presidente electo Abelardo De la Espriella, confirmó que las coordinaciones para el traslado de Chávez se realizaron bajo estricta confidencialidad. Espá detalló que la ex funcionaria partió de territorio peruano a la medianoche en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual aterrizó en el Grupo Aéreo Número 8, la base militar aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima.
Finalmente, el canciller Espá expresó su agradecimiento por las gestiones realizadas por las cancillerías de Perú y México, así como por la intervención de Brasil, país que se había encargado de manejar los intereses de México en Perú desde que el personal diplomático mexicano abandonara el país en noviembre de 2025.
