El Juzgado Penal Oral de Colina ha emitido un fallo determinante en relación con un crimen que conmocionó a la zona de Batuco, en la comuna de Lampa. El tribunal, actuando por unanimidad, dictó una sentencia de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo contra cinco individuos responsables del homicidio calificado de un hombre, hecho ocurrido durante el transcurso del año 2024.
La resolución judicial se fundamenta en la gravedad de los hechos acontecidos específicamente el pasado 9 de febrero de 2024. Según los antecedentes presentados y analizados exhaustivamente por el tribunal, los cinco imputados actuaron de manera coordinada para asegurar el resultado letal del ataque. La víctima fue rodeada por los agresores, quienes procedieron a golpearla violentamente antes de efectuar disparos, eliminando cualquier posibilidad de defensa por parte del hombre y provocando su fallecimiento inmediato.
Esta modalidad de ataque fue calificada por el tribunal como alevosía, ya que el ensañamiento y la superioridad numérica empleada por los atacantes impidieron que la víctima pudiera reaccionar o intentar salvar su vida. La sentencia de 15 años y un día refleja la severidad con la que la justicia aborda los crímenes donde se anula la capacidad de respuesta del afectado mediante el uso de la fuerza y la emboscada.
Los condenados fueron identificados plenamente por la justicia como Alexander Gregorio Fernández Navas, Manuel Francisco Sepúlveda Moya, Michael Andrés Basulto Vásquez, Orlando Montes Alvis y Yack Naim Bache Molina. Además de la privación de libertad, el fallo impone sanciones accesorias significativas: todos los sentenciados quedan inhabilitados de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y ejercer sus derechos políticos.
Asimismo, la sentencia establece que los cinco implicados estarán inhabilitados para ejercer profesiones titulares durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de su condena. Estas medidas buscan no solo castigar el acto delictivo a través del encierro, sino también restringir la participación de estos individuos en esferas de responsabilidad pública y profesional.
Un aspecto relevante del caso recae sobre uno de los imputados, Alexander Gregorio Fernández Navas. Además de la condena principal por el homicidio, Fernández Navas fue sentenciado a 5 años de reclusión y al pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por el delito de narcotráfico. Este hecho ocurrió apenas dos días después del asesinato, el 11 de febrero de 2024.
Durante un operativo de allanamiento llevado a cabo en una parroquia ubicada en el mismo sector de Batuco, las fuerzas policiales encontraron en poder de Fernández Navas una cantidad superior a los 500 gramos de cannabis. La droga se encontraba distribuida en cientos de envoltorios, lo que permitió acreditar el tráfico de sustancias ilícitas. No obstante, en el mismo proceso judicial, el imputado fue absuelto de los cargos relativos a la tenencia ilegal de armas y municiones.
El proceso judicial, registrado bajo la causa rol 5-2026, contempló medidas adicionales para asegurar la identificación y el control de los sentenciados. El tribunal ordenó la toma de muestras genéticas de los cinco condenados, las cuales serán integradas al Registro Nacional de Condenados, una herramienta fundamental para el seguimiento criminal y la prevención de futuros delitos.
Finalmente, el Juzgado Penal Oral de Colina ordenó la confiscación definitiva de un arsenal diverso que fue vinculado al caso. Entre los elementos incautados se encuentra una escopeta hechiza y dos revólveres reales, además de una variedad de armas de fogueo. El decomiso también incluyó munición diversa, cargadores y piezas pertenecientes a un rifle de aire comprimido.
Un detalle técnico crucial para la resolución del caso fue la recuperación de un proyectil balístico, el cual fue incluido en la lista de elementos confiscados y sirvió como evidencia material del ataque. Con este fallo, el tribunal cierra el proceso sobre un crimen ejecutado con violencia en la zona de Lampa, asegurando que los responsables cumplan penas proporcionales a la gravedad de sus actos.
