El sector aeronáutico y las autoridades peruanas se encuentran en estado de alerta tras el trágico accidente de una avioneta turística de la empresa Aerodiana, ocurrido el pasado sábado durante un sobrevuelo programado sobre las Líneas de Nasca. El siniestro ha dejado un saldo devastador de 13 personas fallecidas, entre las que se encuentran 11 turistas extranjeros y dos tripulantes de nacionalidad peruana. Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas para determinar con precisión las causas que provocaron la caída de la aeronave.
Como respuesta inmediata a la tragedia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció este domingo la suspensión preventiva de todas las operaciones de la empresa Aerodiana. Esta medida se mantendrá vigente mientras las autoridades competentes verifican el cumplimiento estricto de la normativa aeronáutica y avanzan las investigaciones técnicas pertinentes sobre el accidente. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, precisó que esta suspensión responde a los procedimientos estándar establecidos para este tipo de siniestros.
El ministro Rey señaló que, si bien Aerodiana es una empresa formal, es imperativo revisar exhaustivamente las autorizaciones y las condiciones bajo las cuales se prestaba el servicio de transporte aéreo. El funcionario evitó adelantar conclusiones definitivas sobre el origen del accidente, subrayando que las causas podrían derivarse de fallas mecánicas, errores humanos o situaciones indebidas, factores que están siendo analizados detalladamente por los expertos.
La estructura de la investigación se divide en dos frentes paralelos con objetivos distintos. Por un lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se encarga de verificar que la empresa operadora haya cumplido con todas las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidas en la normativa vigente. Por otro lado, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) posee la responsabilidad exclusiva de determinar las causas y circunstancias técnicas que originaron el accidente.
En el terreno, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan verificaciones técnicas y documentales en Nasca. Simultáneamente, dos investigadores de la CIAA trabajan en la recopilación de evidencias, la realización de entrevistas a los involucrados y el análisis de los registros de operación de la aeronave. Se ha informado que los especialistas permanecerán tres días en la zona antes de trasladar toda la información a Lima para el análisis técnico final.
Uno de los puntos críticos de la investigación es la recuperación de datos. El MTC aclaró que este tipo de aeronaves no cuentan con una caja negra convencional, como las que poseen los aviones de gran capacidad. En su lugar, la CIAA evaluará la posibilidad de recuperar una tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave, la cual podría contener datos vitales sobre la operación y la posición del avión antes del impacto. Asimismo, CORPAC S.A. ha confirmado que los sistemas de comunicaciones tierra-aire del aeródromo de Nasca operaron con normalidad y que existen grabaciones de las comunicaciones entre la torre de control y la aeronave, las cuales serán entregadas a las autoridades.
En el ámbito político y legal, la presidenta Keiko Fujimori mencionó que el Ejecutivo evaluaba la suspensión temporal del aeropuerto de Pisco, terminal desde donde despegó la avioneta. No obstante, el MTC aclaró posteriormente que dicho aeropuerto seguirá operando debido a su rol como terminal aéreo alterno del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por su parte, el Ministerio Público, a través del fiscal provincial Hugo Umiña, dispuso el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Ica para pruebas de ADN y exámenes antropométricos.
Para profundizar en la naturaleza de estos vuelos, el abogado especialista en Derecho Aeronáutico, Miguel Mena, explicó que las empresas requieren un permiso de operación con vigencia de cuatro años, acreditando capacidad técnica, financiera y legal. Según Mena, la fiscalización de la DGAC se realiza mediante cronogramas periódicos, ya que es imposible supervisar simultáneamente todos los aeropuertos y empresas del país. Respecto al mantenimiento, señaló que las aeronaves pasan por programas preventivos y que, antes de cada despegue, el piloto y el mecánico deben verificar el estado general, el combustible y los sistemas críticos para garantizar la seguridad del vuelo.