La infraestructura del Aeródromo de Puerto Natales (PNT) ha alcanzado un estado crítico que ha encendido las alarmas de seguridad operacional. Debido al incremento vertiginoso del tráfico aéreo registrado en los últimos años, el pavimento de la pista presenta actualmente una cantidad considerable de baches y grietas. Esta situación ya ha derivado en cierres de emergencia, poniendo en evidencia la urgencia de una intervención estructural para garantizar la seguridad de los vuelos.
Ante este escenario, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha presentado un plan de reparación que contempla una inversión de 7.000 millones de pesos. Según la propuesta gubernamental, las obras se ejecutarían entre enero y marzo de 2027, con el objetivo de extender la vida útil de la pista por diez años adicionales. El argumento técnico del Ministerio sostiene que las bajas temperaturas características del clima patagónico impiden la realización de trabajos de asfaltado fuera de la temporada estival. Asimismo, para evitar el cierre total de la terminal aérea, el MOP plantea un esquema de trabajo intercalado, alternando días de faena con días de operación de vuelos.
No obstante, esta propuesta ha generado un rechazo inmediato en diversos sectores de la comunidad de Puerto Natales. Para los residentes locales, el transporte aéreo representa mucho más que un motor para el turismo; es un puente vital frente al aislamiento geográfico que permite la conectividad con el centro del país por motivos personales, familiares y, fundamentalmente, de salud.
Uno de los puntos más críticos es la situación de los pacientes que requieren exámenes avanzados, tratamientos o controles especializados en Santiago. Para estas personas, el desvío hacia Punta Arenas implica sumar más de tres horas de trayecto por carretera, lo que supone un desgaste físico y económico significativo. Por otro lado, el sector turístico advierte que operar la pista «a media máquina» impactaría severamente la economía local. De igual manera, la industria salmonera ha manifestado su preocupación, ya que el esquema propuesto podría amenazar la cadena de frío necesaria para exportar salmón fresco hacia mercados internacionales.
Frente a este conflicto entre la seguridad aérea, las necesidades de salud y la estabilidad económica, ha surgido una propuesta de estrategia integral basada en cuatro pilares fundamentales para resguardar a los habitantes y la economía de la zona sin comprometer la aviación.
El primer pilar propone la implementación de tecnología avanzada en el pavimentado. Se exige el uso de mezclas de asfalto tibio (Warm Mix Asphalt – WMA), combinadas con mantas térmicas y aditivos químicos diseñados para climas fríos. Esta tecnología permitiría asfaltar a temperaturas más bajas sin sacrificar la calidad y reduciría los tiempos de secado. Gracias a esto, las faenas pesadas podrían adelantarse a la primavera, específicamente entre octubre y noviembre, o ejecutarse mediante turnos continuos de 24 horas con iluminación temporal durante las noches de verano.
En segundo lugar, se plantea un protocolo estricto para los casos en que el desvío a Punta Arenas (PUQ) sea inevitable. Se solicita que la autoridad implemente pasajes 100% subsidiados a través de Fondos Regionales (FNDR) para los vecinos derivados por razones de salud. Además, se propone la creación de un corredor preferencial en la Ruta 9 para ambulancias, buses y camiones refrigerados, junto con una integración directa de aduanas y equipaje desde el avión al bus.
El tercer eje se centra en la protección social y económica. Se propone que, durante los días de vuelos directos, exista una reserva obligatoria de asientos con tarifa protegida para los residentes de Última Esperanza. Para mitigar el impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) turísticas y el comercio local, se solicita que el Estado otorgue flexibilizaciones, prórrogas en el pago de patentes o facilidades fiscales durante el periodo de las obras.
Finalmente, el cuarto pilar exige la creación de una mesa de trabajo permanente en la zona. Este espacio reuniría al MOP, la DGAC, el Gobierno Regional, el sector productivo y representantes vecinales para evitar decisiones tomadas únicamente desde Santiago. Esta mesa debería garantizar que la obra se ejecute en tiempo récord, con un calendario inamovible y sanciones económicas para la empresa contratista en caso de retrasos. Asimismo, se requiere un compromiso escrito que ratifique que estas labores de conservación no frenarán el proyecto definitivo de ampliación del aeródromo PNT.
La comunidad sostiene que la solución racional requiere desplazar los trabajos hacia ventanas térmicamente viables mediante tecnología moderna y coordinar esfuerzos para que la reparación de la pista no se traduzca en un perjuicio irreversible para la provincia de Última Esperanza.
