El panorama político en Nicaragua ha entrado en una nueva fase de tensión diplomática tras el anuncio oficial realizado por el mandatario Daniel Ortega sobre la posible abolición de los procesos electorales en el país. Esta declaración, emitida en un contexto de conmemoración política, ha provocado una ola de rechazo y preocupación en diversos Gobiernos de América Latina, quienes consideran que la medida vulnera los principios básicos de la democracia representativa.
El anuncio tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio de 2026, durante el acto oficial en la Plaza de la Fe en Managua, donde Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraban el 47 aniversario de la Revolución Sandinista. Durante su intervención, Ortega afirmó tajantemente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dejando clara su intención de suprimir el mecanismo de alternancia democrática en el país que gobierna desde 2007.
La reacción internacional no se hizo esperar, siendo el Gobierno de República Dominicana uno de los más críticos. A través de su Cancillería, el Ejecutivo dominicano condenó en los términos “más enérgicos” las palabras del mandatario nicaragüense. Según el comunicado oficial, una acción de esta naturaleza representa un “abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense” a elegir a sus gobernantes mediante procesos periódicos, libres, justas, transparentes y plurales. Asimismo, el Gobierno dominicano instó a las autoridades de Nicaragua a rectificar su postura para garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Ante este señalamiento, el régimen de Nicaragua respondió con dureza. La Cancillería nicaragüense calificó de “increíble” que el pueblo dominicano cuente con “voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, subrayando que los pueblos no deben cargar con la culpa de la “deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad”.
Por su parte, el Gobierno de Chile manifestó su “honda preocupación” por las declaraciones de Ortega. La Cancillería chilena reafirmó que la celebración de elecciones transparentes y periódicas es un elemento esencial de la democracia, conforme a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, advirtiendo que tales declaraciones comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades. El régimen nicaragüense respondió acusando al Gobierno de Chile de ser “injerencista” respecto a sus procesos políticos, jurídicos e institucionales, los cuales calificó como “soberanos y dignos”.
La preocupación se extendió también a Sudamérica. El Gobierno de Bolivia expresó su “profunda preocupación”, recordando que las elecciones libres son un pilar del Estado democrático de derecho en el hemisferio. En respuesta, Nicaragua contestó que sus decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico son “propias, dignas y soberanas”. De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho al voto, señalando que las elecciones plurales son un compromiso profundo del Estado brasileño. La respuesta de la Cancillería nicaragüense fue concisa, enfatizando que se trata de “nuestra democracia, nuestras elecciones”.
En Centroamérica, el Gobierno de Guatemala rechazó formalmente la pretensión de suprimir los comicios. Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió invocando los acuerdos de Esquipulas de 1987 y utilizando una paráfrasis de Benito Juárez para afirmar que “el respeto al derecho ajeno, es la paz”.
Finalmente, la presión también ha surgido desde la sociedad civil mexicana. Organizaciones como el Grupo de Puebla sobre Nicaragua y el Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades en Nicaragua han demandado que el gobierno de Claudia Sheinbaum fije una posición clara frente a este anuncio. El Comité Mexicano subrayó que la intención de impedir elecciones libres y justas vulnera directamente al pueblo de Nicaragua, exigiendo que los partidos políticos y el Gobierno de México se manifiesten sobre la gravedad de la situación.
