¿Debe el Gobierno endeudarse sin pedir permiso constante al Congreso? Esta es la pregunta central tras la propuesta de emitir hasta 13 mil 500 millones de dólares en eurobonos durante los próximos nueve años.
Actualmente, la Constitución exige que cada emisión de deuda externa sea aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca flexibilizar este proceso para obtener mayor agilidad financiera. Los defensores de la medida argumentan que esto permitiría aprovechar mejores tasas internacionales, sustituir deuda interna costosa y brindar mayor previsibilidad a los inversionistas y calificadoras de riesgo.
Pero la propuesta ha generado fuertes divisiones. Analistas advierten que una autorización tan extensa reduce la supervisión periódica del Legislativo y podría comprometer las finanzas de futuras administraciones. Además, se alerta que emisiones masivas podrían seguir presionando el tipo de cambio a la baja, afectando la generación de empleo fuera de la Gran Área Metropolitana.
La situación fiscal es compleja. El Fondo Monetario Internacional ya ha solicitado cambios urgentes ante un déficit que vuelve a crecer, y se estima que emitir el monto total autorizado duplicaría el saldo actual de la deuda externa. En este contexto, el exministro Fernando Naranjo calificó la iniciativa como una "locura", comparándola con un "cheque en blanco".
Incluso el Banco Central, aunque dio un criterio técnico positivo, exigió mayores controles de transparencia y una metodología más estricta para evitar el encarecimiento de la deuda.
Ahora, el destino de la propuesta está en manos de la política. Para alcanzar los 38 votos requeridos, el Gobierno deberá negociar con el Partido Liberación Nacional, que condiciona su apoyo a una revisión profunda de los montos y los controles fiscales.
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