¿Es suficiente la acción policial para frenar la violencia? El director general a.i. del OIJ, Michael Soto, advierte que, aunque existen avances, la labor policial es un mecanismo de contención temporal e insuficiente para resolver el problema de raíz.
Soto señala que el posicionamiento del país como un hub del narcotráfico internacional ha sido el principal detonante de la crisis, provocando disputas sangrientas por el control territorial. Esta confrontación convirtió al 2023 en el año más violento de la historia del país, con un récord de 905 homicidios.
No obstante, la coordinación entre el OIJ, el Ministerio Público y la Fuerza Pública ha logrado frenar este repunte. Mediante un plan de control implementado en 2024, que incluye unidades especializadas y el combate al narcomenudeo —donde se triplicaron las investigaciones—, las cifras de homicidios han descendido a 876 y luego a 870 casos. La proyección es cerrar este año con menos de 800 asesinatos.
Este descenso coincide con un aumento histórico de la población penitenciaria, que pasó de un promedio de 14 mil personas a cerca de 20 mil, debido al endurecimiento de condenas y prisiones preventivas. Asimismo, el decomiso de hasta 70 toneladas anuales de droga refleja el éxito policial, pero también el enorme volumen de estupefacientes que transita por el territorio.
Para el jerarca, la solución sostenible no es judicial, sino integral. Soto insiste en que el Estado debe impulsar políticas de reactivación económica, generación de empleo formal y fortalecimiento de la educación pública. Solo atacando estas causas estructurales se podrá reducir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
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