El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una ofensiva diplomática directa contra la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes el lanzamiento de una campaña para desmantelar el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
Rubio afirmó que la CPI representa una "amenaza intolerable" para la soberanía de su país, ya que se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional. Según el secretario, la entidad libra una guerra contra Estados Unidos, no con armamento, sino a través de estatutos, pactos y lo que denominan derecho internacional.
Como parte de esta estrategia, el Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la Corte y aumentar las sanciones contra sus miembros y organizaciones afiliadas. Además, Washington intensificará la presión sobre sus aliados, especialmente aquellos que dependen del paraguas de seguridad estadounidense, para que rechacen las iniciativas de la CPI y se retiren del organismo. Rubio advirtió que habrá un "mayor escrutinio" sobre las naciones que se nieguen a rechazar la autoridad de la Corte mientras reciben asistencia de Estados Unidos.
Es importante señalar que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma. Previamente, la Administración de Donald Trump ya había sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes.
En una columna publicada en el Wall Street Journal, Rubio denunció que la CPI busca ser un "árbitro global sin rendición de cuentas" y sentenció que, con ayuda de sus aliados, Estados Unidos desmantelará la institución "ladrillo a ladrillo, si es necesario".
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