El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha lanzado una ofensiva diplomática directa contra la Corte Penal Internacional. El objetivo es claro: debilitar y, eventualmente, desmantelar el organismo, al considerarlo una amenaza directa para la soberanía estadounidense y la seguridad de sus ciudadanos.
Durante su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Washington, Rubio afirmó que la CPI pretende erigirse como un "tribunal mundial permanente". Según el funcionario, el organismo busca juzgar y arrestar a ciudadanos de países que no han aceptado su jurisdicción, incluyendo a militares, policías, agentes fronterizos y funcionarios electos de los Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y criticó duramente las investigaciones abiertas contra miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, específicamente aquellas relacionadas con presuntos crímenes de guerra en Afganistán. Para Rubio, estas acciones representan una intromisión inaceptable en las decisiones judiciales y militares del país.
Además, Rubio cuestionó el respaldo de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, acusándolos de impulsar una agenda "globalista". Afirmó que la CPI está dirigida por una red de organizaciones no gubernamentales de izquierda y gobiernos hostiles unidos por su enemistad hacia Estados Unidos.
El secretario sostuvo que la injerencia de la Corte constituye un grave abuso de poder que pone en riesgo a fiscales federales y agentes de la Patrulla Fronteriza. Por ello, la administración de Donald Trump impulsará una estrategia internacional para sumar aliados que prioricen la soberanía de los Estados sobre el globalismo.
Finalmente, Rubio aseguró que Washington utilizará todos los recursos del gobierno para lograr su objetivo, concluyendo con una frase contundente: "Desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario".
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