“A mí no me van a correr como a Macri. Les voy a volver a ganar”. Esta frase, repetida por el presidente Javier Milei ante diversos interlocutores en los últimos días, se ha convertido en el eje motor de un agresivo plan político y económico diseñado en la Casa Rosada. El objetivo central del Gobierno es pavimentar el camino hacia la reelección, estructurando una estrategia que incluye negociaciones directas con los gobernadores de la denominada «casta» política, quienes ahora son considerados invitados de honor en la ingeniería electoral del oficialismo.
La urgencia del Poder Ejecutivo surge a partir de mediciones internas que han encendido las alarmas entre los armadores de La Libertad Avanza (LLA). Según los sondeos oficiales, la imagen negativa de Milei se mantiene en niveles elevados, superando incluso la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este dato ha generado tensiones internas, ya que en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, observan a Bullrich con recelo, considerándola una potencial competidora dentro del espacio.
Ante este escenario, el Gobierno ha decidido acelerar el desplazamiento de Manuel Adorni, ordenar las variables financieras y desplegar un esquema de pinzas diseñado para neutralizar un eventual crecimiento del peronismo. Este despliegue combina el trabajo territorial con la presión legislativa en el Congreso. Mientras Karina Milei recorre el país para consolidar la marca partidaria pura —con lanzamientos recientes en Misiones y la Ciudad de Buenos Aires—, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concentra sus esfuerzos en una misión específica: lograr la eliminación o suspensión de las elecciones PASO.
En la Casa Rosada existe la convicción de que quitar las primarias representaría un golpe de nocaut para la reorganización interna del Partido Justicialista (PJ). Para robustecer el control de los comicios sin depender de las estructuras del PRO, los operadores libertarios están apurando el financiamiento de fiscales propios. Según un operador clave del espacio oficialista, es imperativo contar con militantes que salgan a la calle más allá de las redes sociales y fiscales propios para evitar acuerdos con los remanentes del PRO.
Para persuadir a los mandatarios provinciales de aportar sus votos en el Senado y sepultar las PASO, los hermanos Menem diseñaron un mecanismo técnico adaptado a la nueva Boleta Única de Papel (BUP). El oficialismo ha evitado el término «colectoras», prefiriendo denominarlas «adhesiones», un juego de palabras destinado a evitar el estigma político asociado a los viejos armados bonaerenses.
Este pragmatismo ha dividido aguas dentro del peronismo del interior. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expuso la encrucijada del PJ dialoguista al señalar que en su provincia el 50% desea un acuerdo con Nación, el 30% prefiere dialogar y solo un 9% aboga por el distanciamiento. No obstante, en los bloques aliados persiste el temor a quedar vinculados formalmente al Gobierno nacional prematuramente, advirtiendo que el panorama podría cambiar drásticamente hacia marzo del año próximo.
En el ámbito económico, la prioridad del Palacio de Hacienda es blindar el año electoral contra cualquier tipo de volatilidad o corrida cambiaria. Para lograrlo, se ha postergado a un segundo plano la recuperación de los salarios reales y el nivel de actividad. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ratificó que el programa financiero cuenta con un exceso de financiamiento para cubrir la totalidad de los vencimientos de deuda del próximo año.
Caputo ha calificado la estrategia oficial como «muy conservadora» y sugirió que una salida a los mercados internacionales de crédito entre este año y el próximo es una alternativa viable. Analistas cercanos al Gobierno sostienen que el principal freno para el financiamiento privado es el temor del mercado ante un posible regreso del peronismo, lo que podría forzar una nueva reestructuración de los títulos públicos.
Mientras tanto, la oposición multiplica sus movimientos preventivos. Dirigentes como Máximo Kirchner ya han calificado la deuda como «impagable». Simultáneamente, en el sector empresarial cobra fuerza la figura de Jorge Brito, presidente de River Plate. En el denominado Círculo Rojo se trazan paralelismos entre Brito y los inicios políticos de Mauricio Macri, destacando que ambos presidieron los clubes más importantes del país a edades tempranas (Macri a los 36 años y Brito a los 42), provienen de familias empresariales influyentes y poseen autonomía financiera para sostener una estructura nacional.
En los despachos oficiales sospechan que el peronismo y sectores desencantados del PRO apuestan a una fragmentación de la centroderecha en tres vías: el espacio libertario, el PRO puro y una alternativa ligada a Victoria Villarruel, con el fin de disputar el poder real.