La ciudad de El Progreso, ubicada en el departamento de Yoro, se convirtió este viernes en el escenario de fuertes tensiones sociales debido a una serie de protestas ciudadanas que paralizaron la movilidad urbana. La Policía Nacional de Honduras intervino para intentar desalojar a un grupo de manifestantes que, desde las primeras horas de la jornada, mantenían bloqueadas diversas vías de acceso fundamentales para la conectividad de la zona. Estas acciones de protesta surgieron como una respuesta directa y contundente al incremento de la tasa municipal vial, una medida administrativa que ha generado un amplio rechazo entre diversos sectores de la población local.
Los puntos críticos de la manifestación se concentraron en las cercanías de dos infraestructuras clave: los puentes de Quebrada Seca y Las Núñez. Estas ubicaciones representan dos de los principales nodos de tránsito vehicular en la ciudad, lo que convirtió el bloqueo en una medida efectiva para llamar la atención de las autoridades. En estos puntos, tanto transportistas como pobladores instalaron barricadas y bloqueos estratégicos con el objetivo primordial de impedir el libre paso de los vehículos y, a través de esta presión, forzar una respuesta inmediata de las autoridades municipales responsables de la implementación del cobro.
La composición de los manifestantes refleja la transversalidad del descontento en El Progreso. En las movilizaciones participaron activamente pobladores de la zona, conductores de taxis y representantes de la Cámara de Comercio de El Progreso. Este frente unido entre la ciudadanía, el sector transporte y el sector empresarial subraya la magnitud del impacto económico que perciben los afectados. Las medidas de presión incluyeron el bloqueo total de las salidas que conducen hacia los municipios de Tela y Santa Rita, rutas vitales para el comercio y el traslado de personas en la región, paralizando así el flujo habitual de transporte en estas arterias principales.
El núcleo del conflicto radica en la aplicación de la nueva tasa vial, la cual entró en vigencia el pasado 1 de julio. Según denuncian los manifestantes, este impuesto ha sufrido un incremento drástico del 300%, una cifra que los sectores afectados califican de excesiva y desproporcionada. Los manifestantes sostienen que un aumento de tal magnitud representa una carga económica insostenible, no solo para los ciudadanos comunes, sino especialmente para el sector transporte, cuya rentabilidad se ve directamente impactada por el encarecimiento de los costos operativos relacionados con el uso de las vías municipales.
Ante este panorama, la demanda central de los protestantes es la suspensión inmediata de la medida. No solicitan la anulación definitiva sin análisis, sino que exigen que el incremento sea suspendido hasta que se establezca y desarrolle un proceso de diálogo genuino y exhaustivo con todos los sectores involucrados. Específicamente, los manifestantes solicitan que el alcalde de El Progreso convoque formalmente a la creación de una mesa de diálogo. El objetivo de este espacio sería discutir los términos del incremento, analizar la viabilidad económica de la tasa y buscar una solución consensuada que responda a las preocupaciones legítimas de la ciudadanía y del sector empresarial.
La respuesta de las fuerzas del orden se materializó este viernes, cuando la Policía Nacional procedió a ejecutar el desalojo de las vías bloqueadas. Durante la operación, los uniformados enfrentaron a los manifestantes mediante el uso de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud y liberar el flujo vehicular. A pesar de la intensidad del despliegue policial y el uso de agentes químicos para el control de masas, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni lesionadas como resultado de los enfrentamientos durante el proceso de desalojo.
A pesar de que la operación policial logró despejar los puntos críticos, la situación permanece bajo vigilancia. La presencia policial se mantiene activa en las zonas afectadas para garantizar que el tránsito en las principales vías sea restablecido y se mantenga despejado. Por su parte, los manifestantes mantienen firme su postura respecto a la necesidad de un diálogo directo con la municipalidad para resolver el conflicto derivado del aumento de la tasa vial, que consideran una carga económica excesiva para la población.
