El juez presidente de la corte federal de Rhode Island, John McConnell, ha lanzado una dura crítica contra el Gobierno de Donald Trump, acusándolo de ejecutar un "ataque público" injusto contra una de sus colegas. Según McConnell, estas acciones no solo pusieron en peligro la seguridad personal de la jueza afectada, sino que también socavaron la confianza pública en la integridad de los tribunales federales de los Estados Unidos.
La controversia surge a raíz de una investigación sobre la conducta de Kevin Bolan, un abogado de alto rango en la oficina del fiscal federal de EE.UU. en Rhode Island. Un asesor especial, designado por el propio juez McConnell, concluyó que Bolan cometió una grave violación ética al no cumplir con su obligación de ser honesto y transparente ante el tribunal. Específicamente, el abogado ocultó deliberadamente información crucial sobre una orden de arresto por homicidio, emitida años atrás, contra un migrante identificado como Bryan Rafael Gomez.
Debido a que esta información fue omitida, la jueza de distrito Melissa DuBose, basándose en los datos disponibles en ese momento, ordenó a los funcionarios federales liberar al inmigrante de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, tras la liberación del individuo, ICE emitió un comunicado de prensa en el que describía a DuBose como una "jueza activista de Biden". En dicho comunicado, la agencia afirmó que la magistrada había dejado en libertad, a sabiendas, a un "extranjero ilegal criminal violento que es buscado por homicidio en la República Dominicana".
El juez McConnell, quien fue designado en su cargo por el expresidente Barack Obama, rechazó tajantemente la narrativa de ICE en una carta dirigida a Bolan. McConnell señaló que la agencia utilizó el fallo judicial para lanzar un ataque infundado, sugiriendo falsamente que la jueza DuBose conocía los antecedentes penales del peticionario al momento de ordenar su liberación, lo cual contradecía el registro real de los hechos.
En su misiva, McConnell fue enfático al declarar que esta declaración pública falsa puso a la jueza en peligro personal y dañó la credibilidad del sistema judicial. Aunque el juez aclaró que Bolan no participó directamente en la redacción del comunicado de prensa de ICE, subrayó que el abogado fue un "eslabón crítico" en una secuencia de eventos que derivó en un grave fracaso de la justicia. El juez presidente aseguró que, de haber contado con la información sobre la orden de homicidio, la decisión de liberar al hombre bajo fianza habría sido inapropiada; no obstante, dada la ausencia de tales datos, la decisión de DuBose fue correcta. Actualmente, Bryan Rafael Gomez no ha sido localizado por las autoridades para ser detenido nuevamente.
Este incidente se enmarca en un contexto de tensiones crecientes y tropiezos profesionales de abogados del Departamento de Justicia en Rhode Island durante los últimos 16 meses. Los jueces federales han manifestado su frustración ante el manejo de miles de casos derivados del agresivo plan de deportaciones del presidente Donald Trump y otras medidas controvertidas impugnadas legalmente. A principios de este mes, otro juez en el mismo estado remitió a varios abogados del gobierno a procedimientos disciplinarios debido a su conducta en un caso relacionado con la atención de afirmación de género para menores.
Respecto a la sanción de Kevin Bolan, el asesor especial determinó que, aunque hubo una violación ética, no debería enfrentar procedimientos disciplinarios formales. Esto se debe a que Bolan se disculpó con la jueza DuBose y ha demostrado una participación responsable en otros casos. Además, el abogado argumentó que ocultó la información siguiendo orientaciones de ICE, bajo la creencia de que no estaba autorizado a compartirla con el tribunal por razones legítimas de aplicación de la ley. A pesar de esto, McConnell advirtió que cualquier hallazgo futuro de mala conducta será sancionado severamente.
Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que ICE pondrá fin a la política de reportar las muertes de personas que hayan estado detenidas pero que ya no se encuentren bajo su custodia. Esta medida revoca una directriz de la administración de Joe Biden que exigía revisar y reportar fallecimientos ocurridos hasta 30 días después de la liberación. Este cambio ocurre mientras la administración Trump enfrenta un escrutinio creciente por el aumento de la tasa de mortalidad de inmigrantes detenidos en custodia federal.
Finalmente, a pesar de las peticiones de la jueza DuBose para que el Gobierno retire el comunicado de prensa que la califica de activista, el texto permanece publicado en el sitio web oficial de ICE. El Departamento de Justicia ha sido contactado para emitir comentarios sobre las conclusiones del asesor especial, pero no se ha reportado una respuesta oficial hasta el momento.