El Gobierno de la República Dominicana ha implementado una nueva plataforma digital diseñada para optimizar el proceso de autorización de viajes al extranjero para menores de edad. Esta iniciativa tiene como objetivo principal eliminar la mayor parte de los procesos presenciales y la dependencia de la documentación física que, hasta el momento, eran requisitos indispensables para obtener el permiso de salida del país.
El nuevo sistema introduce herramientas tecnológicas avanzadas para garantizar la seguridad y la autenticidad de los trámites. Entre las funcionalidades integradas se encuentran la verificación biométrica de identidad, la implementación de firmas digitales y la validación electrónica del consentimiento parental. Según explicaron las autoridades competentes, el permiso emitido quedará vinculado electrónicamente al pasaporte del menor, lo que permitirá que las autoridades migratorias validen la autorización de manera digital y en tiempo real al momento del viaje.
Este proyecto se enmarca dentro del programa gubernamental Burocracia Cero, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Luis Abinader. El propósito de este programa es modernizar los servicios públicos, reducir los tiempos de respuesta y simplificar los trámites administrativos que afectan la cotidianidad de los ciudadanos. Durante el acto de presentación, el mandatario afirmó que esta medida busca transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos a través de procesos que sean más ágiles, transparentes y accesibles para todos.
El rediseño de este servicio específico fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Migración y el equipo del programa Burocracia Cero, contando además con el respaldo técnico y estratégico de Bloomberg Philanthropies. La modernización responde a una necesidad detectada en el volumen de solicitudes; datos oficiales indican que entre los años 2025 y 2026 se emitieron más de 80 mil certificados de salida de menor en el territorio nacional. De este total, más del 48 por ciento correspondieron a casos donde un progenitor otorgaba la autorización para que el otro pudiera viajar con los hijos.
Anteriormente, el procedimiento para obtener este permiso representaba una carga administrativa y económica considerable para las familias. El proceso implicaba múltiples desplazamientos físicos a diversas oficinas, la gestión de documentación en papel y costos variables que podían oscilar entre los cuatro mil pesos (aproximadamente 66 dólares) y los 30 mil pesos (500 dólares), dependiendo de la contratación de intermediarios y los costos de las gestiones notariales.
Para solucionar esta disparidad de precios y simplificar el costo, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios. A través de este convenio, se estableció una tarifa fija de tres mil pesos (50 dólares) por el servicio notarial digital. Con esta medida, el costo total del proceso se reduce a seis mil 300 pesos (105 dólares). Además, como incentivo para la adopción del sistema, se ha anunciado que durante la fase piloto el servicio será completamente gratuito hasta el 28 de junio de 2026.
En su etapa inicial, la plataforma estará disponible exclusivamente para padres y madres dominicanos que necesiten autorizar al otro progenitor para viajar al extranjero con sus hijos menores de edad. Esta delimitación permite ajustar la herramienta antes de ampliar su alcance.
El presidente Abinader destacó que el Permiso de Salida de Menor es un servicio particularmente sensible, dado que su función primordial es la protección de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, señaló que el mayor desafío técnico y administrativo consistía en mejorar la experiencia del usuario y agilizar el trámite sin comprometer en ningún momento la seguridad ni los controles establecidos para prevenir situaciones irregulares.
Finalmente, las autoridades adelantaron que el éxito de este modelo de digitalización será replicado en otros trámites del Estado. Entre los próximos proyectos de rediseño se encuentran el registro empresarial, que se pretende completar en un plazo de 24 horas, y una reestructuración integral del sistema de autorización de construcción, continuando así con la hoja de ruta de modernización administrativa del país.
