La ciudad de Medellín se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Juliana Giraldo Zuluaga, una joven de tan solo 18 años que perdió la vida en circunstancias que han puesto nuevamente en el centro del debate la eficacia de las rutas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género en Colombia. El crimen ocurrió en el barrio La Libertad, ubicado en la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de la capital antioqueña, específicamente en la diagonal 17E con la calle 56B.
Los hechos se desencadenaron la madrugada del pasado miércoles, exactamente a la 1:54 de la mañana. Según los reportes oficiales y los testimonios recabados, Juliana sostuvo una fuerte discusión con su compañero sentimental, identificado como Sebastián Sánchez Herrera, de 23 años. En medio de la disputa, el hombre presuntamente atacó a la joven utilizando un palo, propinándole múltiples golpes que le ocasionaron la muerte. Lo más desgarrador del caso es que este acto de extrema violencia se llevó a cabo en presencia del hijo de la pareja, un bebé de apenas 8 meses de edad, quien fue testigo silencioso del feminicidio.
Tras el crimen, la familia de Juliana ha roto el silencio para denunciar que esta tragedia pudo haberse evitado si las instituciones del Estado hubieran actuado a tiempo. A través de redes sociales, los parientes de la víctima expresaron un profundo sentimiento de abandono y rabia hacia la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según el relato de un familiar, la manipulación de Sebastián Sánchez Herrera sobre Juliana comenzó cuando ella aún era menor de edad, momento en el cual el hombre la convenció de abandonar su hogar.
La familia asegura que no se quedaron de brazos cruzados y que buscaron ayuda en repetidas ocasiones. Interpusieron denuncias y acudieron a la Policía de Infancia y Adolescencia, al ICBF y a la Fiscalía, relatando la historia de maltrato una y otra vez. Sin embargo, denuncian que estas entidades se hicieron "de oídos sordos" y que la inoperancia administrativa permitió que la situación de vulnerabilidad de la joven escalara hasta llegar al desenlace fatal.
El nivel de control y violencia que ejercía Sánchez Herrera sobre Juliana alcanzó niveles críticos en los días previos al asesinato. Sus allegados revelaron que, durante las últimas tres semanas de vida, la joven permaneció encerrada en su vivienda por decisión de su pareja. En un escenario de aislamiento total, Juliana recibía la alimentación a través de la ventana de la propiedad, evidenciando un patrón de cautiverio y maltrato psicológico y físico extremo.
La historia de la pareja comenzó hace más de dos años. Juliana residía inicialmente en Pereira, ciudad donde quedó embarazada de su hijo. Posteriormente, se trasladó a vivir a Medellín junto a Sebastián, iniciando una convivencia marcada por la agresión constante. De hecho, el reporte policial indica que la pareja discutía con frecuencia y que las agresiones mutuas eran habituales en su dinámica relacional.
En cuanto al momento del crimen, el reporte indica que, tras la agresión, el propio Sebastián Sánchez Herrera salió de la vivienda buscando ayuda al darse cuenta de que la mujer ya no respiraba. Al momento de ser contactado por las autoridades, el sujeto salió de la casa cargando al hijo de ambos en sus brazos. A pesar de que inicialmente se puso a disposición de la policía, el hombre no fue detenido en flagrancia, lo que permitió que quedara en libertad momentáneamente. No obstante, la rápida gestión judicial permitió que se emitiera una orden de captura inmediata.
El coronel Andrés Castañeda, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, confirmó que Sebastián Sánchez Herrera fue judicializado. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, donde deberá responder formalmente por el delito de feminicidio.
Finalmente, la familia de Juliana no solo apunta a la negligencia estatal, sino también a la complicidad social. Denunciaron que las personas cercanas al agresor conocían perfectamente el trato degradante, el aislamiento y la violencia que Juliana sufría, pero optaron por no intervenir ni brindar el apoyo necesario para sacar a la joven y a su bebé de ese entorno tóxico, contribuyendo así, por omisión, al trágico final de la joven de 18 años.
