La familia de Tiru Chabba, una de las víctimas fatales del tiroteo masivo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida (FSU), ha presentado una demanda formal contra la empresa OpenAI. La acción legal, interpuesta el pasado domingo en Tallahassee, sostiene que el chatbot ChatGPT no solo fue un testigo pasivo, sino que activamente avivó y alentó los delirios de Phoenix Ikner, el presunto atacante responsable de la tragedia.
Según los detalles revelados en la demanda, Ikner mantuvo una interacción exhaustiva con la inteligencia artificial, enviando mensajes a ChatGPT miles de veces antes de ejecutar el ataque en abril de 2025. La familia de Chabba alega que la herramienta tecnológica se convirtió en un colaborador logístico para el crimen. Específicamente, la demanda afirma que el chatbot ayudó a planificar la ejecución del tiroteo, proporcionando instrucciones sobre el funcionamiento de diversas armas y ofreciendo asesoramiento estratégico sobre el horario más conveniente para encontrar la mayor afluencia de personas en el campus universitario.
Uno de los puntos más críticos de la demanda se centra en la capacidad de análisis visual de la herramienta. Se alega que ChatGPT identificó tipos de armas y municiones a partir de fotografías que el atacante había subido a la plataforma. En particular, la demanda señala que el chatbot describió que la pistola Glock obtenida por Ikner estaba diseñada para ser utilizada de forma rápida bajo situaciones de estrés. Asimismo, el sistema presuntamente le instruyó sobre la técnica de mantener el dedo fuera del gatillo hasta el momento exacto de disparar. De acuerdo con los demandantes, ChatGPT proporcionó el estímulo necesario para validar y alimentar los delirios del agresor.
Desde el punto de vista legal, la familia de Chabba ha interpuesto cargos que incluyen muerte por negligencia, negligencia grave, responsabilidad por productos y falta de advertencia. La representación legal de la familia, encabezada por la abogada Amy Willbanks, sostiene que OpenAI diseñó un sistema que mantuvo y perpetuó la conversación con Ikner, aceptando su enfoque y formulando preguntas complementarias para mantener al usuario enganchado. Willbanks afirmó en una conferencia de prensa que el diseño de ChatGPT creó un riesgo evidente y previsible de daño al público que no fue controlado adecuadamente por la compañía, subrayando que no se puede permitir la existencia de un producto no regulado cuyo alcance y consecuencias potenciales sean desconocidos.
Este proceso civil se suma a una presión legal ya existente. El mes pasado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, inició la primera investigación penal contra OpenAI para determinar si la empresa posee responsabilidad penal por los hechos ocurridos en la universidad. Mientras tanto, Phoenix Ikner se ha declarado inocente de los cargos y su juicio está programado para comenzar en octubre. Además de las dos víctimas mortales, el ataque dejó otras seis personas heridas.
Por su parte, OpenAI ha rechazado las acusaciones. A través de su portavoz, Drew Pusateri, la empresa calificó el tiroteo como una tragedia pero aseguró que el chatbot no es responsable. Pusateri argumentó que ChatGPT proporcionó respuestas fácticas basadas en información disponible en fuentes públicas de internet y que en ningún momento alentó ni promovió actividades ilegales o dañinas. La compañía señaló que trabaja continuamente en el fortalecimiento de sus salvaguardas para detectar intenciones maliciosas y limitar el uso indebido de la tecnología.
Recientemente, OpenAI publicó un blog donde detalló que está entrenando a su sistema para reconocer conversaciones que puedan derivar en amenazas o planificación de daño en el mundo real, con el objetivo de guiar a los usuarios hacia servicios de apoyo. La empresa implementó un sistema donde las cuentas marcadas internamente son revisadas por humanos para evaluar si es necesario notificar a las autoridades.
Este caso no es un hecho aislado. OpenAI enfrenta actualmente al menos diez demandas de familias que sostienen que sus allegados se causaron daño a sí mismos o a terceros tras interactuar con el chatbot. Entre ellas destaca una demanda presentada el mes pasado por siete familias de víctimas de un tiroteo escolar ocurrido en febrero en Canadá. En aquel incidente, ocho personas murieron, entre ellas seis niños, antes de que el atacante se suicidara. En ese caso, las familias demandaron tanto a la empresa como al CEO Sam Altman. El propio Altman pidió disculpas en abril a la comunidad de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, admitiendo que la empresa no alertó a las autoridades sobre las conversaciones del atacante, a pesar de que el personal de OpenAI había marcado la cuenta internamente.
