Ha pasado un mes desde que el presidente Gustavo Petro ordenara el traslado inmediato de los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá involucrados en un escándalo de fiestas vallenatas dentro de la cárcel de Itagüí, y los resultados han sido limitados. Hasta la fecha, solo se ha autorizado la remisión de un único interno: Paulo Andrés Gómez Torres, más conocido como alias “Pocho”. El detenido, quien se desempeña como vocero suplente en la mesa de paz urbana, fue trasladado este fin de semana a la cárcel de Girón, ubicada en el departamento de Santander.
De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la autorización para el traslado de alias “Pocho” se dio el pasado viernes 8 de mayo, confirmando que el interno ya se encuentra recluido en su nueva sede penitenciaria. Este movimiento ocurre en medio de un fuerte cuestionamiento público sobre la seguridad y la disciplina en los centros carcelarios donde se adelantan diálogos de paz.
El origen de esta controversia se remonta al 8 de abril de 2026, cuando la prisión de Itagüí, que sirve como sede para las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los jefes del crimen organizado del área metropolitana, se convirtió en el escenario de una fiesta desmedida. En el evento participó el cantante vallenato Nelson Velásquez, acompañado de otros artistas, en una celebración que incluyó el montaje de una tarima, el ingreso no autorizado de bebidas alcohólicas y la presencia de damas de compañía.
La indignación social creció rápidamente, llevando al presidente Gustavo Petro a pronunciarse el 13 de abril durante un consejo de ministros. En aquella ocasión, el mandatario fue enfático al señalar que quienes organizaron y participaron en la fiesta debían abandonar la cárcel de Itagüí para ser trasladados a otros centros penitenciarios, sentenciando que con esa medida se daría por terminado el asunto.
Según denuncias presentadas por los concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el motivo real de la celebración era festejar la inminente libertad de Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, uno de los voceros principales de las bandas. Debido a la gravedad de los hechos, la delegación del Gobierno se vio obligada a expedir un comunicado suspendiendo temporalmente las conversaciones de paz, aunque estas fueron retomadas semanas después sin que se presentaran consecuencias mayores en el proceso.
En la mesa de paz urbana participan un total de 23 voceros del crimen organizado, la gran mayoría vinculados a la confederación criminal conocida como “la Oficina”. Este grupo se divide en siete voceros principales, entre ellos alias “Lindolfo”, y 16 suplentes. Alias “Pocho”, quien ha formado parte de este grupo de suplentes desde que se instaló la mesa en 2023, es uno de los cabecillas de la banda “la Agonía” de Medellín. Actualmente, cumple una condena de 36 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El crimen que lo llevó a prisión fue el asesinato de Liliana Patricia Cataño Montoya, una líder comunitaria de la comuna 13 de Medellín, quien fue atacada por sicarios de “la Agonía” el 18 de octubre de 2017.
A pesar del traslado de alias “Pocho”, el concejal Andrés Tobón ha calificado la acción gubernamental como un "contentillo" por parte del Gobierno Petro y el Ministerio de Justicia. Tobón afirmó que trasladar a un cabecilla que no es de primer nivel dentro de la estructura de “la Oficina” es utilizar a un "conejillo de indias" para calmar la presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía que exigía el cumplimiento de la palabra del presidente, mientras que, según el concejal, esto también resulta satisfactorio para los delincuentes que permanecen en Itagüí.
Por su parte, la situación de alias “Lindolfo” ha dado un giro legal. Un juez de ejecución de penas y medidas le negó la solicitud de libertad condicional tras el escándalo del parrandón vallenato. En consecuencia, seguirá pagando una condena de 18 años y seis meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.
Finalmente, fuentes del Inpec han indicado que, al día de hoy, no existen más solicitudes de traslado para los internos de la cárcel de Itagüí involucrados en los hechos, lo que deja a alias “Pocho” como el único trasladado bajo la orden presidencial.
