La situación del transporte urbano en Guayaquil atraviesa un periodo de marcada incertidumbre administrativa. A pesar de que ya existen anuncios sobre un acuerdo técnico entre las entidades reguladoras y los gremios, la implementación de un incremento en el costo del pasaje sigue dependiendo de un proceso legal que aún no ha concluido en las instancias municipales. Actualmente, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (FETUG) han oficializado un informe técnico que propone una modificación estructural en la tarifa, sugiriendo que el pasaje base ascienda de los actuales 30 centavos a 40 centavos, estableciendo un techo máximo de 50 centavos.
Sin embargo, es fundamental precisar que este ajuste económico no es inmediato. Para que los nuevos valores entren en vigor, es imperativo que el Concejo Cantonal incluya el debate de la ordenanza respectiva en su agenda oficial, la conozca, la discuta y finalmente la apruebe. Hasta el momento, el legislativo local no ha incorporado formalmente este punto en su orden del día, aunque se tiene la previsión de que el tema sea tratado durante las sesiones ordinarias que se llevarán a cabo en las próximas semanas del mes de mayo.
Una de las novedades más significativas de esta propuesta es la desaparición del modelo de tarifa única que ha regido en la ciudad. Según ha confirmado la dirigencia gremial, el nuevo esquema propuesto condiciona cualquier incremento al cumplimiento de mejoras técnicas y progresivas en la flota de vehículos. Bajo este nuevo paradigma, las operadoras de transporte no podrán aplicar los nuevos cobros de manera automática, sino que deberán certificar ante el órgano de control municipal que han cumplido con requisitos técnicos rigurosos.
El informe técnico elaborado por la ATM detalla que la segmentación de precios se dividiría en tres niveles distintos. El objetivo de esta medida es garantizar que el valor pagado por el usuario esté directamente relacionado con la calidad del servicio recibido. De esta manera, no todas las unidades urbanas cobrarán la misma tarifa, sino que el precio variará dependiendo de las condiciones técnicas y la calidad de la unidad, incentivando así la renovación del parque automotor.
Desde el sector de la transportación, los representantes justifican la urgencia de esta medida basándose en una crisis de sostenibilidad financiera. El gremio ha expuesto que el sistema de transporte urbano enfrenta un escenario crítico, impulsado principalmente por el incremento en los costos operativos. Un factor determinante ha sido la subida en el precio del diésel, el cual pasó de costar $1,80 a $2,96 por galón, impactando severamente los márgenes de operación de los transportistas.
A este problema económico se suma una drástica caída en la demanda de pasajeros, la cual, según las cifras del sector, se redujo a la mitad tras los efectos de la pandemia. Esta combinación de costos elevados y menor flujo de usuarios ha provocado que el parque automotor en circulación disminuya considerablemente, pasando de 3.200 unidades activas a solo 1.980. Los transportistas sostienen que el ajuste tarifario es una medida vital para evitar el colapso total del servicio y para poder garantizar el mantenimiento básico de los vehículos que aún operan.
Por su parte, la Alcaldía de Guayaquil ha mantenido una postura de cautela frente a las presiones gremiales. Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante, ha sido enfática al señalar que el Concejo Cantonal es el único cuerpo colegiado que posee la potestad legal para aprobar cualquier cambio en las tarifas del transporte público, descartando que existan decisiones unilaterales por parte de los gremios. En el mismo sentido, la concejala Blanca López reiteró que, legalmente, no existe ninguna autorización vigente para modificar el cobro actual.
En conclusión, mientras el tema no figure en el orden del día del legislativo local, el debate se mantiene en una fase de socialización técnica y definición política. Por el momento, el valor oficial del pasaje en Guayaquil permanece en 30 centavos. Cualquier variación futura quedará sujeta estrictamente a la validación política y técnica del Concejo Cantonal y a la posterior publicación oficial de la ordenanza, momento en el cual se procederá a la ejecución de los cambios en los validadores de las unidades urbanas.
