La Unidad para las Víctimas se encuentra sumida en un nuevo escándalo institucional tras la revelación de cinco denuncias por presunto acoso laboral dirigidas contra Alix Aguilar Tirado, la directora encargada de la entidad. Las acusaciones, que ya han generado alarma en los órganos de control, incluyen señalamientos graves que van desde el maltrato psicológico sistemático hasta la presunta implicación en el intento de suicidio de un contratista, además de la utilización de la entidad para fines políticos personales.
De acuerdo con la información recopilada, Aguilar Tirado es señalada de implementar una estrategia de persecución contra aquellos funcionarios y contratistas que intentaron exponer prácticas irregulares dentro de la dependencia. Asimismo, se le acusa de condicionar la permanencia en los puestos de trabajo al apoyo político brindado a sus aliados. En el entorno de la Casa de Nariño, la directora no es una figura ampliamente conocida en el círculo íntimo del presidente Gustavo Petro, sino que es identificada principalmente como la ahijada de Gustavo Moreno. El senador Moreno, una figura polémica, habría recibido el control de la Unidad como contraprestación por su respaldo a las reformas en el Congreso, convirtiendo la entidad en lo que testimonios describen como un fortín político para fortalecer su maquinaria electoral de cara a su reelección legislativa.
La trayectoria de Alix Aguilar Tirado inició en Barrancabermeja, tierra del senador Moreno, donde trabajó durante 25 años como psicóloga y en otras funciones. Posteriormente, se trasladó a Bogotá para liderar la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. A pesar de que su gestión en dicho cargo estuvo rodeada de cuestionamientos y denuncias de maltrato a subalternos, fue designada en 2026 como la líder de la Unidad.
Uno de los testimonios más impactantes es el de Felipe Ramírez, quien actuó como asistente de Aguilar Tirado mientras ella ejercía cuatro direcciones en encargo y una en posesión. Ramírez denunció ante el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría que fue sometido a una sobrecarga laboral extrema, siendo obligado a trabajar en horarios nocturnos, fines de semana y madrugadas. Según su relato, la directora abusó de su confianza, induciéndolo a sacrificar su vida personal para atender órdenes constantes. Ramírez afirmó que el ambiente hostil le provocó un desgaste físico y emocional profundo, agravado por el hecho de que Aguilar Tirado lo obligaba a mantener contacto con personas que lo acosaban, prohibiéndole defenderse o utilizar canales institucionales para reportar el maltrato. Esta presión llegó a un punto crítico donde el contratista confesó haber intentado quitarse la vida en varias ocasiones, describiendo su experiencia laboral como un martirio.
Otro caso relevante es el de Ligia Soto, quien renunció a su cargo en abril de 2026 alegando una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. En su carta de renuncia y en declaraciones a la Procuraduría, Soto denunció que, durante una reunión en marzo de 2026, la directora y una asesora cercana, Sandra Moreno Parra, degradaron profesional y personalmente a los abogados de la entidad. Soto relata que Aguilar Tirado llegó a afirmar que era preferible contratar técnicos o bachilleres, pues harían un mejor trabajo que los profesionales en derecho, utilizando además amenazas de terminación anticipada de contratos para aprovechar la necesidad económica de los trabajadores.
Las pruebas presentadas incluyen capturas de pantalla de WhatsApp donde la directora instaba a los contratistas a asistir a eventos que favorecieran su imagen, sugiriendo que dicha asistencia sería tomada como evidencia para el trámite de sus cuentas de cobro. De igual forma, se evidencia que Aguilar Tirado ordenó la asistencia obligatoria a las marchas del 1 de mayo convocadas por el presidente Petro, exigiendo evidencias de asistencia y publicaciones en redes sociales, incluso fuera del horario laboral.
Finalmente, existen denuncias sobre la retención injustificada de pagos a contratistas que presuntamente filtraron información sobre corrupción e irregularidades en las contrataciones a medios de comunicación. Se alega que la directora ordenó el aislamiento físico y comunicativo de estas personas para blindar su gestión.
Frente a estas acusaciones, Alix Aguilar Tirado ha negado categóricamente haber maltratado a sus subalternos. La funcionaria sostiene que ella es la víctima y ha denunciado ante la Fiscalía a dos contratistas por presuntos delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, amenazas, injuria y calumnia. Respecto al caso de su asistente, afirmó que siempre le pidió desconectarse del trabajo fuera de la jornada laboral, y aseguró que un juzgado ya determinó que los pagos retenidos cumplieron con los requisitos de ley.
