Un jurado federal en la ciudad de Miami ha emitido un veredicto de culpabilidad contra cuatro hombres que fueron acusados de conspirar para llevar a cabo el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este crimen, perpetrado en julio de 2021, es señalado como uno de los principales detonantes de la profunda crisis política y de seguridad que atraviesa actualmente el país caribeño.
Los condenados han sido identificados como Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. Tras la decisión del jurado, estos cuatro individuos se enfrentan ahora a una situación legal sumamente grave, ya que podrían recibir una condena de cadena perpetua, según la información recogida por la cadena de televisión estadounidense CBS News.
La acusación formal sostiene que los cuatro hombres colaboraron activamente en la ejecución de un plan coordinado para acabar con la vida del mandatario haitiano. El atentado tuvo lugar el 7 de julio de 2021, cuando Jovenel Moïse fue asesinado durante un asalto violento en su residencia privada, ubicada en la región metropolitana de Puerto Príncipe. Debido a la naturaleza de su participación en la conspiración, cada uno de los implicados ha sido imputado con cinco cargos diferentes.
Dentro del grupo de condenados, destaca la figura de Antonio Intriago, quien es el propietario de CTU Security, una empresa de seguridad privada con sede en Miami. Intriago no solo enfrenta los cargos generales de conspiración, sino que también está señalado por acciones específicas relacionadas con la logística del ataque. Se le acusa de haber coordinado el envío de chalecos antibalas desde los Estados Unidos hacia Haití, suministros que formaban parte integral del plan para asegurar el éxito de la operación contra el presidente.
Este proceso judicial es solo una parte de una investigación mucho más amplia. Además de los cuatro hombres declarados culpables recientemente, otras nueve personas fueron detenidas en relación con el asesinato de Moïse. De ese grupo, ocho de los detenidos llegaron a acuerdos legales con la Fiscalía, mientras que el último individuo permanece a la espera de que se celebre su juicio.
El historial de sentencias en este caso ya muestra la severidad con la que la justicia estadounidense está tratando el crimen. Hasta la fecha, otras cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua por su rol en la conspiración. Asimismo, una sexta persona recibió una pena de nueve años de cárcel; en su caso, el tribunal consideró que, aunque financió el envío de los chalecos antibalas, desconocía los detalles específicos del plan asesino.
Paralelamente a los procesos en Estados Unidos, las autoridades policiales en Haití llevaron a cabo sus propias investigaciones y operativos de arresto inmediatamente después del magnicidio. Estas acciones resultaron en la detención de más de 40 personas sospechosas de estar involucradas de diversas maneras en el asesinato del mandatario. Entre los detenidos en suelo haitiano, se encuentran 18 antiguos soldados colombianos, quienes fueron vinculados a las operaciones de asalto en la residencia presidencial.
El veredicto alcanzado en Miami marca un paso significativo en la resolución judicial de un evento que desestabilizó la estructura gubernamental de Haití. La condena de Ortiz, Intriago, Veintemilla y Solages pone el foco sobre la red de apoyo logístico y operativo que se estableció desde territorio estadounidense para ejecutar el ataque en Puerto Príncipe, evidenciando la complejidad de la conspiración y la implicación de empresas de seguridad privada en el traslado de equipo táctico hacia el exterior.
