La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que su gobierno recurrirá la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros si existe “la más mínima posibilidad” legal de hacerlo. Buruaga calificó la medida como “una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia” de España, reiterando la “oposición política rotunda” de su ejecutivo.
Durante una comparecencia tras la inauguración de un nuevo parque infantil en Castañeda, la presidenta justificó su rechazo argumentando la necesidad de diferenciar entre inmigración legal y ordenada, y aquella que se produce de forma irregular. “Este debate no va de inmigración sí o inmigración no, sino de evitar que la irregularidad se premie”, enfatizó.
Buruaga advirtió que España, como miembro de la Unión Europea, no debe enviar el mensaje de que “incumplir la ley puede ser más rentable que cumplirla”. Expresó incertidumbre sobre el alcance real de la medida, mencionando que incluso el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, habló de la posible aceptación de unas 2.000 personas, sin que se conozca el número exacto.
La presidenta acusó al Gobierno central de carecer de una política migratoria clara y de ceder “al chantaje de sus socios”, advirtiendo que este tipo de decisiones fomentan “el efecto llamada y el negocio para las mafias”. Defendió una inmigración vinculada al empleo, con personas que lleguen “con un contrato de trabajo, cumpliendo la ley, compartiendo nuestra cultura y contribuyendo a la sociedad”.
Buruaga también alertó sobre la posible presión adicional sobre los servicios públicos, como la sanidad, las prestaciones sociales y el acceso a la vivienda, señalando que estas consecuencias recaen finalmente sobre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y, en última instancia, sobre los ciudadanos.
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