La reforma a la Ley de Glaciares fue sancionada en la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves, generando protestas en más de 40 ciudades del país y anticipando una batalla legal por su constitucionalidad. La votación, con 137 a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, evidencia un apoyo transversal que incluye a La Libertad Avanza, gobernadores de la UCR y el PJ, sectores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el PRO e Innovación.
El debate se centró en la posible expansión de proyectos mineros, con acusaciones de que la modificación legal prioriza los intereses económicos sobre la protección del agua. La oposición denuncia un lobby minero intenso, incluyendo un viaje a Estados Unidos financiado por la multinacional Glencore para legisladores clave. Se menciona un evento próximo en la AmCham, titulado “Minería y Federalismo”, con la participación de legisladores y gobernadores.
La aprobación fue posible gracias a una combinación de intereses mineros provinciales y el alineamiento con el Poder Ejecutivo, con recursos como ATN y financiamiento previsional como posibles incentivos. Gobernadores de provincias mineras como Cornejo de Mendoza (Mendoza), Sadir de Jujuy y Jalil de Catamarca fueron impulsores clave de la reforma.
Diputados de la izquierda denunciaron represión policial durante las protestas frente al Congreso, con más de 10 detenidos. La oposición advierte sobre el uso de químicos y explosivos en la extracción de minerales, como el cobre, y la potencial violación del Acuerdo de Escazú en cuanto a la consulta previa a las comunidades afectadas.
La reforma, que busca facilitar la adhesión de empresas mineras al RIGI, ha generado preocupación por la priorización del uso del agua por parte de las multinacionales sobre las necesidades de las comunidades locales. La judicialización de la ley parece inevitable, con argumentos de inconstitucionalidad ya planteados por varios legisladores. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
