La Abogacía del Estado ha presentado una maniobra estratégica en la Audiencia Nacional para eludir una posible responsabilidad financiera en el caso Kitchen, el polémico operativo de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Durante la primera sesión del juicio oral, los representantes legales de la Administración solicitaron al tribunal que anule la posibilidad de que el Estado deba responder subsidiariamente por las acciones llevadas a cabo en 2013 por altos cargos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
El argumento central de la Abogacía se basa en un supuesto defecto procesal: al dictarse la resolución que abrió el juicio oral en 2023, no se había reconocido formalmente al Estado como responsable civil. Esta omisión, según alegan, vulnera el derecho de defensa de la Administración y genera una “situación de injusticia material”, impidiendo que presentara alegaciones previas.
Esta acción revela la doble faceta de la Abogacía del Estado en este proceso. Por un lado, ejerce la acusación, buscando penas para los acusados, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz. Por otro, defiende al Estado frente a la reclamación de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita que la Administración responda subsidiariamente por las indemnizaciones que podrían ser impuestas.
Anticorrupción pide una indemnización de 6.000 euros para Bárcenas y 3.000 para su esposa, mientras que la abogada de la familia Bárcenas eleva la solicitud a 1,2 millones de euros, insistiendo también en la responsabilidad subsidiaria del Estado por las acciones de sus funcionarios.
El tribunal ha reservado esta semana para la fase de cuestiones previas, retomando el juicio este martes con las respuestas de las partes a las primeras reclamaciones. La Fiscalía tendrá la oportunidad de contrarrestar los argumentos de la Abogacía del Estado. La decisión del tribunal sobre esta cuestión técnica podría tener un impacto significativo en el resultado financiero del caso Kitchen para la Administración.
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