La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha, Cundinamarca, por presuntamente haber cometido actos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad entre 2022 y 2025. La investigación revela un patrón de abuso de autoridad dentro de las instalaciones de la inspección donde ejercía sus funciones.
Las víctimas, identificadas como mujeres de 23, 30 y 42 años, denunciaron insinuaciones de carácter íntimo y agresiones sexuales durante sus turnos de trabajo. Según la Fiscalía, Figueredo se aprovechó del temor y la posición jerárquica que ostentaba sobre las denunciantes para someterlas a actos en contra de su voluntad.
Uno de los episodios más graves documentados por el ente acusador corresponde a un presunto abuso sexual contra una de las víctimas, lo que agravó la situación jurídica del inspector. Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.
En Colombia, estos delitos conllevan penas privativas de la libertad que oscilan entre los 8 y 20 años de prisión por cada delito, pudiendo superar ese rango en caso de concurrencia de conductas punibles.
Durante las audiencias preliminares, Figueredo no aceptó los cargos imputados. No obstante, un juez de control de garantías ordenó imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, complementada con el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico mientras avanza el proceso judicial.
Este caso se hace público tras la difusión de denuncias y videos que involucran al mismo funcionario en presuntos actos de acoso sexual. Un video revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol muestra a Figueredo acercándose a una vigilante e intentando sujetarla a pesar de sus reiteradas negativas. Este material audiovisual forma parte del conjunto probatorio de la investigación.
Ante la primera denuncia, la administración municipal de Soacha rechazó las conductas denunciadas y activó los protocolos institucionales correspondientes. La Personería Municipal inició una investigación disciplinaria que resultó en la suspensión provisional del inspector por tres meses, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso y proteger a posibles víctimas adicionales.
Las autoridades locales señalaron la existencia de múltiples denuncias y advirtieron sobre un posible patrón de comportamiento, lo que motivó la adopción de medidas preventivas mientras se llevaban a cabo las indagaciones internas.
La judicialización anunciada por la Fiscalía representa un avance significativo en el caso, trasladando el proceso al ámbito penal para evaluar las pruebas recopiladas y determinar la responsabilidad del funcionario. Las víctimas continúan recibiendo acompañamiento durante el proceso, mientras las autoridades reafirman su compromiso con la denuncia de este tipo de hechos y garantizan que las investigaciones seguirán su curso conforme a la ley.
La Fiscalía General de la Nación continúa recopilando evidencia y testimonios para fortalecer la acusación contra el inspector Figueredo. Se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas pruebas que permitan esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la extensión de los abusos cometidos.
Este caso ha generado una gran conmoción en la comunidad de Soacha y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia para las víctimas de violencia sexual, especialmente en entornos laborales donde existe una relación de subordinación. Las autoridades locales han anunciado que se implementarán programas de capacitación y sensibilización para prevenir futuros casos de abuso y garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los empleados.
La decisión del juez de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, con monitoreo electrónico, busca garantizar que el inspector Figueredo no pueda obstaculizar la investigación ni intimidar a las víctimas o testigos. La Fiscalía ha manifestado su compromiso de llevar este caso hasta las últimas consecuencias y de obtener una condena ejemplar para el responsable de estos actos de violencia sexual.
La administración municipal de Soacha ha reiterado su apoyo a las víctimas y ha puesto a disposición recursos adicionales para brindarles asistencia psicológica y legal. Asimismo, se ha anunciado la revisión de los protocolos de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la inspección para prevenir futuros incidentes.
Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de denunciar cualquier forma de violencia sexual y de romper el silencio que a menudo protege a los agresores. Las autoridades han instado a todas las personas que hayan sido víctimas de abusos a presentarse ante las autoridades competentes y a denunciar los hechos para que puedan ser investigados y sancionados. La justicia y la protección de las víctimas son prioridades fundamentales para la Fiscalía General de la Nación y para las autoridades locales.
