La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha revelado una preocupante realidad sobre la violencia de género en el ámbito periodístico y en diversas instituciones del país. Según datos recogidos en investigaciones recientes, incluyendo un estudio de la Universidad de los Andes y la campaña No es hora de callar, seis de cada diez periodistas han experimentado maltrato de género en sus espacios laborales. La funcionaria enfatizó que este problema no se limita a las redacciones de medios de comunicación, sino que se extiende a instituciones públicas, e incluso a la Rama Judicial.
Marín abordó el tema en el contexto de las recientes denuncias de acoso contra mujeres en diferentes medios de comunicación, destacando que la violencia estructural que subyace a estos casos es un problema generalizado. Reconoció la dificultad que enfrentan las mujeres para denunciar estos hechos, lo que a menudo las lleva a optar por el silencio o a distanciarse de sus agresores.
La defensora se refirió específicamente a las denuncias contra dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol, reconociendo los protocolos implementados por el medio para abordar estas situaciones. Sin embargo, señaló que estos casos son solo la punta del iceberg. Recordó la carta de apoyo firmada por 40 mujeres periodistas a una colega que denunció en 2019 al actual gerente de RTVC, Hollman Morris, evidenciando un patrón de silencio y protección a los agresores.
Un caso particularmente alarmante mencionado por Marín fue la denuncia de la abogada y columnista Ana Bejarano sobre un incidente de acoso por parte de un magistrado de la Corte Constitucional, una práctica denominada “judicantear” que implica el establecimiento de relaciones íntimas a cambio de favores. La defensora cuestionó si el hecho de que esta práctica tuviera un nombre propio indica que era un comportamiento reconocido y normalizado silenciosamente en el alto tribunal.
Marín insistió en que el acoso sexual no se limita a un sector específico, sino que ocurre en instituciones, empresas, medios de comunicación, universidades, espacios comunitarios e incluso en lugares cotidianos como el transporte público y las escuelas. Describió esta problemática como una violencia estructural que no distingue niveles de poder, aunque reconoció que es más difícil enfrentarla cuando el agresor es una persona influyente.
“Erradicar esta violencia implica transformar las condiciones que la permiten, romper el silencio, desmontar la impunidad y garantizar que haya consecuencias”, afirmó la defensora del Pueblo. Subrayó la importancia de crear un entorno seguro y de apoyo para las víctimas, donde se les brinde la confianza necesaria para denunciar los abusos sin temor a represalias.
La defensora explicó que las mujeres a menudo no denuncian inmediatamente después de sufrir acoso, sino cuando encuentran condiciones mínimas de seguridad, tanto físicas como emocionales. Reconoció que denunciar puede implicar riesgos, como la pérdida del empleo o la revictimización, y que en algunos casos, incluso los familiares pueden recomendar a las víctimas que se alejen de sus agresores en lugar de presentar una denuncia formal.
Marín criticó la pregunta común de "¿por qué no hablaron antes?", argumentando que esta pregunta no es inocente, sino una forma de deslegitimar a las víctimas y de perpetuar el silencio que permite que la violencia continúe. Enfatizó la necesidad de comprender las barreras que enfrentan las mujeres al denunciar y de crear un sistema de apoyo que les brinde la protección y la confianza necesarias para romper el ciclo de abuso.
La defensora del Pueblo hizo un llamado a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia de la gravedad de este problema y a trabajar juntos para crear una cultura de respeto e igualdad, donde la violencia de género no tenga cabida. Destacó la importancia de promover la educación, la sensibilización y la prevención, así como de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas. La situación exige una respuesta integral y coordinada que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde las instituciones públicas hasta los medios de comunicación y la comunidad en general. La lucha contra la violencia de género es una tarea urgente y necesaria para construir un país más justo y equitativo para todos.
