El Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó este lunes el paro armado que mantenía en el municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó, una noticia que ha sido recibida con cautela por la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales, quienes advierten que la crisis humanitaria en la región dista mucho de haber terminado. Durante varios días, la población civil se vio sometida a severas restricciones de movilidad, acceso a bienes y servicios básicos, y un clima de constante temor debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta en la red social X, expresó su preocupación por el impacto de estas acciones sobre la población civil y reiteró su llamado a todos los actores armados a cesar este tipo de prácticas, incluyendo los confinamientos que se han vuelto una constante en diversas regiones del país. La institución enfatizó que el territorio no pertenece a los grupos armados, sino a las comunidades que lo habitan y que ven sus derechos vulnerados por la presencia y las acciones de estos grupos.
Si bien el levantamiento del paro armado representa un alivio inmediato para las comunidades afectadas, la Defensoría advierte que la situación en Bajo Baudó sigue siendo crítica. Las comunidades permanecen marcadas por el miedo, en medio de las continuas confrontaciones y las presiones ejercidas tanto por el ELN como por el Clan del Golfo, lo que pone en riesgo constante la seguridad e integridad de la población civil.
Las consecuencias de los días de paro armado son profundas y duraderas. Más de 6.000 personas se vieron confinadas en el municipio, dependiendo de la ayuda humanitaria para subsistir en medio del aislamiento. La interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, la falta de acceso a alimentos, salud y educación, y la vulneración de los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes e indígenas son solo algunas de las secuelas de esta crisis.
El bloqueo de los ríos, que son la principal vía de comunicación y transporte en esta región, impidió la realización de actividades básicas como la pesca, el transporte de mercancías y el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pudo distribuir algunos kits de ayuda en la cabecera municipal de Pizarro, pero la necesidad sigue siendo enorme y la situación es insostenible a largo plazo.
A esta compleja situación se suma la advertencia de la gobernadora Córdoba sobre el riesgo de incursión de disidencias de las antiguas FARC en la región, lo que podría intensificar aún más la disputa armada en el departamento. La mandataria local también denunció haber recibido amenazas por parte del ELN en medio de la crisis, lo que demuestra el nivel de hostilidad y la falta de respeto por las autoridades civiles.
La Defensoría del Pueblo insiste en que los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y mantener a la población civil al margen del conflicto. La institución también cuestiona la estigmatización de las autoridades locales, que cumplen su labor en condiciones adversas y a menudo son impedidas de actuar por la presencia y el control de los actores ilegales.
El caso de Bajo Baudó pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a la población civil en medio del conflicto armado. Es necesario fortalecer la presencia del Estado en la región, garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el diálogo y la reconciliación entre las comunidades, y avanzar en la implementación de los acuerdos de paz con todos los grupos armados.
La situación en el Chocó es un reflejo de la compleja realidad que vive Colombia, un país marcado por décadas de conflicto armado y violencia. La paz es posible, pero requiere del compromiso de todos los actores, incluyendo el gobierno, los grupos armados, la sociedad civil y la comunidad internacional. Es fundamental que se priorice la protección de la población civil y se garantice el respeto por los derechos humanos en todas las circunstancias.
La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación en Bajo Baudó y en otras regiones afectadas por el conflicto armado, y seguirá trabajando para defender los derechos de las víctimas y promover la construcción de una paz duradera y justa para todos los colombianos. La crisis en el Chocó es una llamada de atención sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr la paz y la reconciliación en Colombia, y de construir un futuro mejor para las generaciones venideras. La comunidad internacional debe prestar atención a esta región y apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para proteger a la población civil y promover el desarrollo sostenible.
