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Las disidencias de las Farc están elevando la amenaza en el Norte y Nordeste antioqueño a nuevas alturas, literalmente, con la utilización de drones de fabricación china capaces de transportar hasta 25 kilos y ser controlados a distancias de hasta 40 kilómetros. La reciente incautación de una de estas aeronaves no tripuladas en San Andrés de Cuerquia, durante un operativo contra el frente 36, ha revelado la sofisticación creciente de estos grupos armados y su preocupante acceso a tecnología de punta.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, canceló su visita a Hidroituango tras ser alertado por el Ejército sobre sobrevuelos de drones similares al incautado, confirmando la magnitud de la amenaza. Estos drones, que pueden costar hasta 35 millones de pesos en el mercado, no solo se utilizan para ataques e intimidación, sino también para vigilancia estratégica, permitiendo a las disidencias monitorear movimientos de tropas y planificar operaciones con mayor precisión.
La inteligencia militar y judicial apunta a una red de convenios entre las disidencias y empresarios chinos sin escrúpulos, que facilitan la importación de estos equipos sin las debidas restricciones legales. Los archivos de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, ex-máximo cabecilla de este grupo armado, incautados en julio de 2024, revelaron fuertes alianzas logísticas y estratégicas con China, que permiten el acceso a drones y otros elementos tecnológicos.
El empresario Jixing Zhang ha sido identificado como un posible facilitador de la entrada de estos equipos a Colombia, apareciendo en fotografías con alias Calarcá y presuntamente involucrado en la reparación de armas en Venezuela. Los drones son ingresados al país tanto a través de vuelos comerciales como mediante el tráfico de armas desde Ecuador, llegando desarmados para evitar la detección y siendo ensamblados en la zona de operación.
Las autoridades han detectado dos tipos de drones en uso: modelos de alta gama, con capacidades avanzadas de reconocimiento, vigilancia y fotogrametría, y equipos comerciales más económicos, disponibles en plataformas de internet y centros comerciales por menos de 3 millones de pesos. Estos últimos se utilizan para tareas de vigilancia o ataques puntuales, demostrando la adaptabilidad de las disidencias a diferentes necesidades y presupuestos.
Sin embargo, el uso de drones por parte de estos grupos armados aún se encuentra en una fase de ensayo y error, especialmente en lo que respecta a la precisión de los ataques. La dificultad para lanzar artefactos explosivos con precisión, debido al peso de las granadas de mortero, ha resultado en incidentes como el ocurrido en Segovia, donde un artefacto lanzado por un dron cayó sobre una casa, matando a una madre y sus dos hijos. Las investigaciones preliminares sugieren que el ataque no iba dirigido a la familia, sino que era parte de un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Las autoridades investigan la posibilidad de que estos grupos armados ya cuenten con “drones suicidas”, cargados con explosivos y diseñados para impactar directamente contra el objetivo militar, aunque hasta el momento no se han encontrado evidencias de su uso. La preocupación es alta, dado el potencial destructivo de estos dispositivos y su capacidad para evadir las defensas tradicionales.
La operatividad de estos grupos armados ha trascendido la simple adquisición de drones, enfocándose en su sofisticación. Un reciente operativo de la Policía en Usme, Bogotá, desmanteló un taller clandestino dedicado a la fabricación de soportes artesanales para el anclaje y liberación de explosivos a drones. Este laboratorio, presuntamente perteneciente a estructuras guerrilleras, buscaba optimizar la capacidad ofensiva de aeronaves comerciales.
Además del ensamblaje de piezas, en estos espacios se estarían llevando a cabo procesos de ingeniería y balística artesanal para rediseñar granadas de mortero y otros artefactos, reduciendo su peso sin sacrificar su poder explosivo. Esta búsqueda de mayor eficiencia y precisión representa una amenaza creciente para la seguridad de la región.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, ha advertido sobre la falta de precisión en los ataques con drones, lo que aumenta el riesgo de daños colaterales y víctimas civiles. La situación exige una respuesta integral por parte de las autoridades, que incluya el fortalecimiento de la inteligencia, la interdicción de los flujos de armas y tecnología, y la colaboración internacional para desmantelar las redes de suministro.
La amenaza de los drones en Antioquia no se limita a la seguridad física, sino que también plantea desafíos legales y regulatorios. La necesidad de establecer un marco normativo claro para el uso de drones, que permita distinguir entre usos legítimos y actividades ilícitas, es fundamental para proteger a la población y garantizar la seguridad pública. La lucha contra esta nueva forma de amenaza requiere una estrategia coordinada y efectiva, que involucre a todos los actores relevantes y que se adapte a la evolución constante de la tecnología y las tácticas de los grupos armados.
