La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reveló este lunes un entramado de estafa orquestado por Fernando Gabriel Ugarte, un ciudadano argentino, que habría defraudado a un número indeterminado de personas en Bolivia con la promesa de conseguirles empleos en instituciones públicas. La investigación, que se encuentra en curso, apunta a un esquema sofisticado donde Ugarte solicitaba sumas de dinero a cambio de “gestiones” para asegurar puestos de trabajo que, en realidad, nunca existieron.
El caso ha generado indignación y preocupación en la población, especialmente entre aquellos que, buscando una oportunidad laboral, cayeron en la trampa del extranjero. Las denuncias comenzaron a acumularse en las últimas semanas, alertando a las autoridades sobre la posible existencia de una red de estafadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes buscan mejorar su calidad de vida.
Según las primeras investigaciones de la FELCC, Ugarte operaba a través de contactos personales y redes sociales, ofreciendo puestos en ministerios, empresas estatales y otras entidades gubernamentales. Para convencer a sus víctimas, el estafador presentaba credenciales falsas y utilizaba un discurso persuasivo, haciéndoles creer que contaba con influencias en altos cargos del gobierno.
Las sumas de dinero solicitadas variaban dependiendo del puesto ofrecido, oscilando entre los pocos cientos y varios miles de dólares. Ugarte exigía el pago por adelantado, argumentando que era necesario para cubrir gastos de “trámites” y “gestiones”. Una vez recibido el dinero, el estafador desaparecía, dejando a sus víctimas sin empleo y sin la posibilidad de recuperar su inversión.
“Hemos recibido múltiples denuncias de personas que fueron estafadas por este sujeto. La forma de operar es siempre la misma: promete puestos de trabajo en instituciones públicas a cambio de dinero. Lamentablemente, muchas personas cayeron en su engaño”, declaró un oficial de la FELCC, quien prefirió mantener su anonimato debido a la sensibilidad del caso.
La investigación ha revelado que Ugarte llevaba varios meses operando en el país, moviéndose entre diferentes ciudades y utilizando identidades falsas para evitar ser detectado. Las autoridades sospechan que el estafador podría haber contado con la ayuda de cómplices bolivianos, quienes le proporcionaban información sobre posibles víctimas y le facilitaban la logística para llevar a cabo sus operaciones.
La FELCC ha emitido una alerta a nivel nacional, instando a la población a denunciar cualquier intento de estafa similar. Se recomienda a las personas que hayan sido contactadas por Ugarte o por cualquier otra persona que ofrezca puestos de trabajo a cambio de dinero, que se comuniquen de inmediato con las autoridades para presentar una denuncia.
“Es importante que la gente sea cautelosa y no caiga en estas trampas. Ninguna institución pública solicita dinero a cambio de un puesto de trabajo. Si alguien les pide dinero, es una señal de alerta”, advirtió el oficial de la FELCC.
Las autoridades están trabajando en la identificación y captura de todos los involucrados en el esquema de estafa, incluyendo a los posibles cómplices bolivianos. Se espera que en los próximos días se presenten nuevas evidencias y se realicen más arrestos.
El caso de Fernando Gabriel Ugarte ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención de estafas en el país. Las autoridades deben intensificar la vigilancia en las redes sociales y en otros medios de comunicación, para evitar que más personas caigan en manos de estafadores.
Además, es fundamental que la población esté informada sobre los riesgos de este tipo de delitos y que sepa cómo protegerse. Se recomienda a las personas que busquen empleo que verifiquen la legitimidad de las ofertas laborales y que no entreguen dinero a nadie a cambio de un puesto de trabajo.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social también ha emitido un comunicado en el que condena las prácticas fraudulentas de Ugarte y se compromete a colaborar con la FELCC en la investigación del caso. El ministerio ha recordado que la oferta de empleo en el sector público debe realizarse a través de concursos públicos y transparentes, y que cualquier solicitud de dinero a cambio de un puesto de trabajo es ilegal.
La estafa perpetrada por Fernando Gabriel Ugarte ha dejado una profunda huella en las víctimas, quienes han perdido sus ahorros y su confianza en las instituciones. Las autoridades deben hacer todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia y para evitar que este tipo de delitos se repitan en el futuro. La transparencia, la información y la prevención son las claves para combatir la estafa y proteger a la población. Se espera que la justicia actúe con celeridad y rigor para sancionar a Ugarte y a sus cómplices, y para recuperar el dinero robado a las víctimas. Este caso sirve como un llamado de atención a la sociedad boliviana, recordándonos la importancia de ser cautelosos y de denunciar cualquier actividad sospechosa.